Los taxistas vuelven a recurrir a la huelga para frenar el crecimiento de plataformas como Uber. De nuevo, el gremio del taxi persigue reivindicaciones tan extremas como que un servicio VTC se solicite con una antelación de hasta 12 horas, lo que hace imposible que los conductores que operan bajo esas licencias sean competitivos. Pero aún más injustificable es que los taxistas organicen una protesta de duración indefinida, sin servicios mínimos, que priva a miles de personas de un recurso que, en muchos casos, necesitan de modo difícilmente sustituible. El taxi tiene un carácter de servicio público que sus titulares olvidan ahora interesadamente. Por ello, la Administración debería intervenir para evitar el trastorno que, sobre todo, las grandes ciudades sufren.
