El pasado viernes, la Ministra de Hacienda explicaba que una parte de los 20.000 millones en los que espera incrementar la recaudación se iba a obtener gracias al IVA de las grandes empresas. Esto no era una subida de impuestos, sino que iban a computar 13 meses de IVA, en lugar de 12, lo que permitiría obtener 5.000 millones de euros adicionales. Usted se puede preguntar si no sería preferible imputar 16 meses y así acabar con el déficit. Más allá del sarcasmo, cualquiera se preguntará de dónde viene esto. Pues esto viene de que en 2017, en la caja de Hacienda, sólo entraron 11 meses, pero a efectos de contabilidad nacional y de déficit se computaron 12, es decir la recaudación del año.
Entonces eran 4.500 millones, pero la explicación de lo que pasó la pueden encontrar aquí, cuando lo expliqué hace un mes (el 11/12/2018) en el Pleno del Congreso. Y sí, estaba sin voz, quizás por eso, parece que el gobierno y algunos grupos parlamentarios no prestaron mucha atención.
Pero esto, imputar 13 meses en lugar de 12 por adelantar un cobro, es puro maquillaje. Imaginen que una empresa da un descuento por pronto pago y consigue cobrar anticipadamente el mes de diciembre, que habitualmente cobra en enero. En ese caso, en el año se computa 13 meses de ventas, diciembre del año anterior y todos los meses del año en curso. Eso no es que la empresa haya vendido más, es que se está "maquillando" la contabilidad, por ser suave. Y estamos hablando de 5.000 millones de euros, casi medio punto de déficit, que el gobierno estaba obligado a ajustar de acuerdo con la senda de déficit aprobada por las Cortes Generales...
Es el "truco" más espectacular de estos presupuestos, pero me temo que no será el último, ya verán. Aquí les dejo la explicación: "Señorías, en primer término, disculpen la voz.
El tema no es sencillo y parece ser que aquí nadie se ha molestado en explicarlo. El Sistema inmediato de información consiste en que, para la mayor parte de la recaudación de la liquidación del IVA que hacen las empresas que facturan más de 6 millones de euros -es decir, empresas medianas y grandes, más las empresas que voluntariamente se acogen al sistema, más nuestros exportadores-, se envíen con un desfase de solamente cuatro días los datos de las facturas emitidas y recibidas. Esto supone para los contribuyentes españoles honestos, para las empresas, un esfuerzo, una burocracia, y esto hay que compensarlo.
¿Y cómo se ha compensado? Entre otras cuestiones, dándoles diez días más de plazo para que ingresen el dinero, pero todo él lo ingresan dentro del año natural. ¿Qué es lo que ocurre? Que los bancos, de acuerdo con el convenio -cosa de la cual aquí nadie se ha acordado-, lo ingresan diez días más tarde. Por tanto, en régimen de devengo, que es el que computa a efectos de contabilidad nacional, el que computa a efectos de déficit, no hay ninguna alteración con el Sistema inmediato de información, lo que sí hay, el día 31 de diciembre, es una recaudación menor en la caja, porque no ha llegado el pago de noviembre de las grandes empresas. ¿Cuánto dinero es esto? Son 4500 millones de euros. ¿Esto quién lo dice? El informe de recaudación de diciembre de 2017, que se hace público en enero de 2018.
En primer lugar, no es cierto lo que dice la señora Romero en cuanto a que esto era imprevisible. Cualquiera que sepa cómo es el sistema sabe que si ingresas más tarde y si la caja llega más tarde, como las comunidades autónomas se llevan el 50% del IVA en función de la recaudación líquida, es decir, de lo que esté ingresado en caja, aquí va a haber un desfase porque van a cobrar más tarde. Tampoco es cierto que esto lo pusiesen de manifiesto las comunidades autónomas; esto se pone de manifiesto en el informe mensual de recaudación de diciembre de 2017 de la Agencia Tributaria, si no es antes. Una vez que tenemos este problema, que afecta exclusivamente no al déficit de 2017, sino a la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, se puede modificar excepcionalmente la liquidación de 2017, para lo cual hay que modificar los artículos 13 y 20 de la Ley 22/2009, que es la propuesta que trae el Partido Popular, que, por cierto, tampoco es correcta, para empezar porque la redacción es discutible, pero en segundo término porque esto entrará en vigor en el ejercicio presupuestario siguiente, lo cual al final implicará que entre en vigor en 2020. Esa disposición transitoria no es correcta.
Dicho todo esto, nosotros vamos a votar a favor de su toma en consideración -por tanto, será tomada en consideración- porque esto hay que arreglarlo, y la forma de arreglarlo no consiste en crear más problemas a los contribuyentes honestos para que adelanten el pago de impuestos, que es la propuesta que siempre nos trae el Partido Socialista. Es decir, si solamente hay un problema de reparto entre el Estado y las comunidades autónomas, lo que hay que hacer es arreglar ese reparto, no modificar el Sistema inmediato de información creando más obligaciones formales y obligando, por errores e imprevisiones de los diversos Gobiernos, a que sean los contribuyentes los que paguen el pato. Por tanto, no nos convence el sistema, pero, además, si ese sistema entra en vigor, como propone el Partido Socialista, en 2019, la única forma de que las comunidades autónomas perciban esto a través de las entregas a cuenta sería en la actualización de entregas a cuenta que tiene lugar en los Presupuestos Generales del Estado, y a día de hoy no hay Presupuestos Generales del Estado, no hay senda de déficit; los Presupuestos Generales del Estado que nos propone el Partido Socialista son un subidón de impuestos y no cuentan con apoyo parlamentario.
A todo esto, la propuesta que dice la señora Montero que nos va a traer no está en ninguna parte; de hecho, la señora Montero ni se molesta en comparecer en el Congreso de los Diputados. ¿Y quieren que fiemos 2400 millones de euros, que financian a las comunidades autónomas, que son la financiación de los servicios públicos de educación, de sanidad, de servicios sociales, exclusivamente a la palabra delegada de la señora Montero que ni se atreve a comparecer aquí? Además, ¿este ajuste tiene que caer en manos de las empresas y hay que continuar mareándolo...? Esto no puede ser. En consecuencia, vamos a aprobar la toma en consideración.
Sorprendentemente, el Partido Nacionalista Vasco, que dice que siempre se abstiene en temas de financiación autonómica, vota en contra, no se sabe muy bien por qué, no lo he entendido; sorprendentemente también, una cosa que el Partido Popular nunca ha traído a esta Cámara es el ajuste del impuesto sobre el valor añadido que está previsto para los territorios forales, que solamente en el País Vasco supone 1600 millones de euros en el último ejercicio, de los cuales 800 millones son de las comunidades autónomas. Pero de eso, señores del Partido Popular, ustedes se olvidan siempre, igual que se han olvidado todo este tiempo de intentar actualizar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, cuando hay territorios que están claramente infrafinanciados y cuando el sistema es tan complejo que no lo entiende ninguno de los Gobiernos y genera estos líos que ahora tenemos.
Dicho todo esto, nosotros apoyaremos la toma en consideración porque, efectivamente, hay un problema agravado de infrafinanciación creado por el Gobierno del Partido Popular que el Gobierno del Partido Socialista no ha hecho absolutamente nada por resolver. Frente a todo esto, lo único que se ha puesto encima de la mesa, sin ser perfecto, por lo menos intenta dar una solución, y eso se merece que este grupo parlamentario y este Congreso de los Diputados lo estudie y lo debata."
Entidades
