Entre 2023 y 2028, todas las centrales nucleares españolas alcanzarán los 40 años de funcionamiento, el periodo que solía considerarse el máximo de su vida útil. Ante esta situación, el Gobierno no ha podido todavía definir su posición ante la UE y, en consecuencia todas las opciones sobre su futuro siguen igualmente abiertas. Se trata de una incertidumbre que no beneficia a nadie y, por ello, debe valorarse que los propietarios de las centrales eviten la parálisis y propongan soluciones.
En concreto, Iberdrola y Naturgy abogan por abrir un periodo de, como mínimo, cuatro años, en el que se tome la decisión definitiva sobre estas infraestructuras. Endesa, también dueña de varias centrales, no participa en esta iniciativa, pero se muestra igualmente proclive a una prórroga.
No puede extrañar que esta propuesta suscite tanto consenso, dado que resulta sencilla de aplicar y está lejos de plantear ningún conflicto jurídico. Pero, sobre todo, la tregua cerraría las puertas a decisiones precipitadas, que serían perjudiciales en cualquier escenario. Si el Gobierno finalmente se decanta por su cierre, necesitará tiempo para activar el complejo proceso de desmantelamiento, en el que deben tenerse en cuenta la capacidad de Enresa para llevar a cabo el desmontaje y también las posibilidades existentes para gestionar los residuos.
Pero, sobre todo, un periodo de como mínimo cuatro años es un tiempo suficiente para debatir de forma más sosegada sobre cuál es el plan de futuro que la energía nuclear merece. Es dudoso que su clausura sea la mejor opción si se considera el fuerte aumento que puede provocar, no solo en los precios de la electricidad, sino también en el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.
