La historia, como señalaba Cicerón, es testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria y maestra de la vida... Por eso, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y por esa misma razón, la aspiración de los políticos responsables de la mayor crisis financiera de la historia de España es que la historia no se contase en el dictamen oficial de la Comisión de Investigación de la crisis financiera, que se constituyó hace año y medio en el Congreso.
Tristemente, el jueves muchos responsables consiguieron que el informe no recogiese su responsabilidad política, ni siquiera en los casos más evidentes. Algunas personas me han dicho que todo esto era previsible, y tienen razón. Aun así, creo que se podía esperar, al menos, que el PP, el PSOE y Podemos no votasen sistemáticamente contra la realidad. Creo firmemente que los españoles se merecen una Comisión de Investigación y un Congreso de los Diputados donde se asuman responsabilidades, y que no se rían de los españoles.
Se puede y se debe criticar la actuación de los organismos supervisores, Banco de España y CNMV, durante la crisis financiera. Desde Ciudadanos hemos sido los primeros en hacerlo, aportando sólidas razones. Sin embargo, no es legítimo ni aceptable hacerlo si el PP, el PSOE y, sorprendentemente, Podemos, niegan, en el mismo informe, que los gestores políticos nombrados por ellos en las cajas de Ahorro hayan tenido ninguna responsabilidad en el desastre de la crisis financiera en España.
Sólo esto ya hubiese provocado nuestro voto en contra por coherencia con lo que pensamos, que es lo que sabe cualquier persona informada, y sobre todo por legitimidad. Los políticos no podemos exigir responsabilidades si, teniendo parte destacada en la gestión, los políticos no reciben ningún reproche político, que es la función clave de una comisión de investigación, exigir responsabilidades políticas. Pero siendo graves las discrepancias en el relato y en las conclusiones en lo relativo a cajas de ahorro, más graves aún lo son en la cuestión de Bankia.
En esta cuestión, sacar a bolsa un banco quebrado, lo que a la postre desencadenó el rescate financiero de España, sólo existen conclusiones y propuestas del grupo parlamentario Ciudadanos. En realidad, de toda la crisis de Bankia, que nos ha costado, directamente, más de 12.000 millones de euros a todos los españoles, los demás grupos políticos no tienen ningún tipo de conclusión o propuesta. El Partido Popular se limitó a proponer que se obtuviese el máximo dinero posible de la reprivatización de Bankia. A esta cuestión sólo se opuso Podemos, que considera Bankia el embrión de la nueva banca pública, donde se puedan repetir todos los errores y desmanes de los políticos en las cajas. Por eso, seguramente, Podemos no se ha opuesto al informe de la Comisión de Investigación. Por lo menos, es la explicación más inocente que encuentro. Parece que, seguramente por error, la propuesta del PP no figura aprobada en los documentos que la comisión de investigación ha remitido a los grupos.
En la cuestión de Bankia, las seis restantes conclusiones de la Comisión de Investigación fueron aprobadas sólo con los votos de Ciudadanos: todos los demás partidos se abstuvieron. La razón es que, obviamente, algo tendría que decir el informe oficial de la comisión sobre Bankia, que encima está incluido expresamente en el objeto de la Comisión. Eso sí, ni el PSOE, que se abstuvo, ni Podemos y el PP (que votaron en contra), consideran, por ejemplo, que las tarjetas black fueran un saqueo de Caja Madrid y Bankia, ni que fueran corrupción, ni que decenas de condenados en firme, algunos de ellos en prisión, fuesen presidentes, vicepresidentes o consejeros nombrados por el Partido Popular, el PSOE o Izquierda Unida.
De hecho, en lo relativo a Banco Popular, Bankia y bancos y cajas de Ahorro sólo hay propuestas aprobadas de Ciudadanos. El problema es que las propuestas clave de Ciudadanos fueron rechazadas, y los hechos más relevantes fueron excluidos del relato, porque suscitaban el rechazo del PP, el PSOE y Unidos Podemos. En nuestra opinión, negar evidencias como que los más de 60.000 millones de euros que perdimos en el rescate fueron todos consecuencia de las cajas no es aceptable.
Y eso considerando dos matices, que precisamente tuvimos que exponer desde Ciudadanos. Por una parte, que sí hubo que poner dinero público para salvar a los depositantes de Banco Valencia. Pero es que el Banco estaba controlado y dirigido por Bancaja, que era una caja controlada por el PP. De hecho, su presidente, José Luis Olivas, fue nada menos que presidente de la Generalitat con el PP.
El segundo matiz fue que el Banco Popular sí acabó costando algo de dinero público, que no se ha incluido en el coste del rescate: los activos fiscales diferidos transformados en dos devoluciones tributarias de 400 y 1.000 millones de euros. Esto lo reconoció en la propia comisión el presidente de Popular y Santander España, Rodrigo Echenique, a preguntas mías como se recoge en el diario de sesiones.
Las cajas estaban politizadas, su gestión fue, en muchos casos, desastrosa, precisamente por eso y de ahí se derivó que hubiera que emplear decenas de miles de millones de euros de dinero público para evitar efectos aún más devastadores. Esto no lo admiten los demás grupos porque el bipartidismo de PP-PSOE, con el apoyo vergonzante de Podemos, no quiere admitir ninguna responsabilidad política en la caída de la mitad del sistema financiero en España, lo que agravó drásticamente la crisis económica.
Podríamos seguir, pero esta cuestión es paradigmática de la negación de la realidad por parte del acuerdo pastelero PP-PSOE-Podemos. En la Comisión de Investigación de la crisis financiera se ha repetido el pasteleo del reparto del Consejo General del Poder Judicial, pero, esta vez, intentando reescribir el pasado para no reconocer ningún tipo de responsabilidad en el desastre de la crisis financiera.
En Ciudadanos nos hemos vuelto a quedar solos: como en la oposición al cálculo opaco del cuponazo, como en la negativa al pasteleo del CGPJ... como en tantas cuestiones fundamentales. Las muchas horas que hemos invertido en esta Comisión se plasmarán en un voto particular el próximo día 17, que reconozca la realidad y no niegue las evidencias. No les gustará a los demás partidos, pero es lo mínimo que los españoles merecen.
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