La ministra Teresa Ribera propone que se prohíba en 2040 la venta de vehículos ligeros que consuman combustibles fósiles. Pese al largo periodo al que se sujeta la medida, comete la temeridad de fijar un plazo para la desaparición de estos automóviles, minusvalorando la complejidad del proceso.
De hecho, no ofrece ningún plan para la reconversión de la industria española, en la que el montaje de motores diésel tiene un peso crucial. Es lógico el malestar del sector, máxime considerando que la propuesta de Ribera llega sin que se hayan cerrado las mesas de negociación.
La ministra repite así el error que cometió al afirmar que "el diésel tiene los días contados". Una industria que aporta el 10% del PIB español no merece seguir sufriendo estos perjuicios.
