"Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca". Esta conocida cita bíblica (Apocalipsis 3, 16) me ha venido a la mente ante la última decisión de Pedro Sánchez en relación al juicio del procés: ordenar a la Abogacía del Estado que cambie su criterio y no acuse a los políticos separatistas procesados por rebelión, sino por el delito menos grave de sedición.
En la práctica, esto ha tenido dos consecuencias: que se rompe la unidad de acción del Estado, ya que la Fiscalía sí ha mantenido su acusación por rebelión, además de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia. En segundo lugar, la petición de penas de la Abogacía del Estado es aproximadamente la mitad que la de la Fiscalía.
Esta decisión no se ha tomado en el vacío, sino que las decisiones previas del Gobierno condicionan, y mucho, la valoración de esta grave decisión política. En primer lugar, hay que recordar lo evidente: Pedro Sánchez es presidente porque tanto ERC como el PdeCat apoyaron con sus votos la moción de censura. Ambos partidos tienen políticos huidos y también en prisión por los presuntos delitos cometidos en el golpe a la democracia en Cataluña. Además, para sacar adelante los presupuestos, que le permitirían a Sánchez tener algo de estabilidad política para prolongar la legislatura, depende del apoyo de los partidos de Puigdemont y Junqueras. Así, todos los presos en esta causa fueron trasladados a prisiones controladas por la Generalitat, por decisión del Gobierno de Sánchez. En estas prisiones, como en Lledoners, algunos presos, como Junqueras, parecen gozar de un régimen penitenciario sumamente flexible, privilegiado, que no tiene ningún otro preso en España.
Ésta es una idea, la del indulto a los autores y responsables del golpe a la democracia en Cataluña, que han defendido destacados líderes socialistas como Iceta
Por si todo esto fuera poco, el Gobierno de Sánchez intentó, sin mucho éxito todo hay que decirlo, ponerse de perfil ante la pretensión de Puigdemont y otros fugados de la Justicia, de llevar a juicio al juez instructor de la pieza del procés en el Tribunal Supremo, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Esto era un ataque no solo a Llarena, sino al propio Estado y a la inmunidad de la Jurisdicción española, como comentamos en elEconomista en agosto. Finalmente, y después incluso de que la reprobada y cuestionadísima ministra de Justicia, Dolores Delgado, hasta despidiese a los abogados del Estado que llevaban el caso, Sánchez tuvo que rectificar ante la presión judicial y política, no dejando completamente tirado a Llarena.
Quizás el antecedente más relevante es que el pasado miércoles el propio Sánchez se negó reiteradamente a contestar la pregunta clave de Albert Rivera en el Congreso: si iba a indultar, de ser condenados, a los políticos procesados por el golpe a la Democracia en Cataluña. Ésta es una idea, la del indulto a los autores y responsables del golpe a la democracia en Cataluña, que han defendido destacados líderes socialistas como Iceta, o la propia delegada del Gobierno en Cataluña, nombrada y mantenida por Pedro Sánchez, Teresa Cunillera.
Lo más esperpéntico de todo es que el propio Sánchez defendía públicamente en mayo que se había cometido "claramente" un delito de rebelión
Ésta no es una decisión técnica y jurídica de la Abogacía del Estado, sino un cambio de criterio forzado políticamente, con implicaciones graves. La Abogacía del Estado había solicitado el 6 de agosto la apertura del juicio oral por el delito de rebelión. Ahora, sin nuevos hechos encima de la mesa, "alguien" ha decidido rebajar la acusación a la mitad. Y decimos "alguien" porque el escrito no lo firma ningún abogado del Estado, sino que lleva la firma genérica de la institución. Por el contrario, el escrito de acusación de la Fiscalía lleva la firma de los cuatro fiscales encargados del caso.
Lo más esperpéntico de todo es que el propio Sánchez defendía públicamente en mayo que se había cometido "claramente" un delito de rebelión. Preguntada por este hecho, la vicepresidenta Carmen Calvo justificó el cambio de criterio en que "en mayo Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno" (literal). Ob-viamente, le faltó añadir que entonces los partidos cuyos líderes están siendo directamente beneficiarios de todas estas decisiones de Sánchez todavía no le habían votado como presidente.
Desde un punto de vista práctico, si hay una condena del Tribunal Supremo por rebelión, será la Abogacía del Estado la que tendrá que defender la legalidad de la misma en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que los acusados ya han anunciado que recurrirán. El cambio de criterio de Sánchez no solo complica la defensa del Estado en los Tribunales Europeos, y de paso, como decisiones anteriores, socava la separación de poderes, al intentar que el Tribunal Supremo no pueda condenar por los delitos más graves, sino que deja en ridículo toda la defensa de las posiciones españolas en las peticiones de extradición a los políticos presos.
Sin embargo, lo peor es que este cambio de criterio, forzado políticamente, no es el final. A los partidos separatistas que apoyan a Sánchez les ha parecido indignante que, gracias a las garantías de su Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y a que Sánchez no puede cesar a la fiscal general, los fiscales hayan mantenido su criterio. Evidentemente, también les ha parecido indignante que la Abogacía del Estado siga acusando de delitos muy graves. Obviamente, ERC y PDeCat ya han anunciado que Sánchez se puede ir olvidando de presupuestos, que no está claro que puedan salir con ellos, pero que sin los separatistas no saldrán. Desde Ciudadanos nos oponemos a estos presupuestos no solo porque las cuentas no cuadren y porque estén plagados de subidas de impuestos y malas ideas económicas, sino por el precio que Sánchez tendrá que pagar: los indultos a los que parece estar muy dispuesto.
Por eso, en nuestra defensa de la separación de poderes, del Estado de Derecho y de la acción de la Justicia en el golpe a la Democracia en Cataluña hemos llevado al Congreso una Proposición no de Ley para que el Congreso inste al Gobierno socialista a no dar estos indultos de vergüenza. La presión política, social y judicial ya impidió que Sánchez dejase a Llarena en agosto a los pies de los caballos, así que volveremos a liderar ese debate. España no se merece este esperpento, y los españoles se merecen poder elegir un gobierno en las urnas.
