Los planes de alzas de impuestos que el Gobierno negoció con Podemos continúan en la incertidumbre sobre cómo se concretarán. Pero ambas partes ven prioritaria actuar sobre Sociedades, situando su tipo mínimo efectivo en el 15% para grupos consolidados y en el 18% para bancos.
Este afán por mostrar más rigor con el sector financiero amenaza con tener un alto coste para este ámbito, dada la particular situación fiscal que presenta. La banca acumula aún 60.000 millones en concepto de activos fiscales diferidos (llamados DTA). Consisten en derechos a deducciones que Hacienda reconoce para que se hagan efectivos en el futuro. No es un privilegio.
Estos derechos se derivan de las cuantiosas pérdidas en que los bancos tuvieron que incurrir, durante la recesión, por la mayor exigencia de provisiones o por onerosas operaciones como la necesaria absorción de entidades más débiles. Ahora, la situación es diferente, pero los bancos siguen afrontando apuros, por la lenta recuperación del negocio crediticio, y el uso de esos DTA resultaría muy beneficioso.
Sin embargo, la obligación de tributar como mínimo al 18% reduce su margen de acción en este ámbito. Es más, aminora el ritmo al que el volumen de estos créditos baja y su mantenimiento no sale gratis. Muy al contrario, es necesario pagar una tasa del 1,5% para que la UE no los considere ayudas de Estado.
Por tanto, el hecho de que el Gobierno descarte la imposición de una tasa bancaria no implica que el sector no corra ya peligro de sufrir penalizaciones fiscales por otras vías. Se trata de un castigo pernicioso no sólo para la banca, que perderá competitividad, sino para toda la economía, por los encarecimientos del crédito que puede provocar.
