Opinión

1-O: Paisaje después de la batalla

Intervención policial en el referéndum. Imagen: EFE

Es sabido que el fracaso forma parte del camino del éxito, si sabemos extraer sus enseñanzas. En tal caso, se convierte en una fuente de aprendizaje más fecunda que el propio éxito. ¿Estamos sabiendo extraer las enseñanzas del 1-O y de los acontecimientos que le siguieron? Esa secuencia de acontecimientos, desencadenada por unos lideres secesionistas arrogantes, populistas y autoritarios, fue la más grave crisis de nuestra democracia desde el 23-F. Nos va mucho, por tanto, en saber extraer las enseñanzas pertinentes. Me referiré a algunas de ellas.

La arrogante falta de respeto por la ley democrática exhibida por los lideres políticos secesionistas no solo se saldó con un estrepitoso fracaso sino -lo que es más importante- se ha erigido en la principal razón de su fracaso político ante las democracias europeas. Es así porque el secesionismo ha sobrepasado una regla de oro de cualquier sociedad democrática: no es lícito, para conseguir un objetivo político, vulnerar la ley democrática.

La enseñanza que el secesionismo debería extraer es que lo más conveniente para sus propios intereses es abandonar cualquier vía que vulnere el Estado de Derecho. Así parece haberlo entendido ERC, siquiera sea en términos tácticos. No así la CUP. Tampoco el PdCat, pues sus líderes siguen diciendo que no renuncian a ninguna vía, si bien todo indica que es una expresión dirigida a que sus bases no se rebelen y los depongan.

Todos los poderes del Estado de Derecho reaccionaron, adecuando su reacción al cauce fijado por el ordenamiento jurídico democrático. Esta autocontención fue clave para que se visualizara con claridad que el enfrentamiento se producía entre un Estado democrático y unos lideres secesionistas autoritarios que levitaban por encima de la ley, de cualquier ley, incluida la emanada del propio Parlament de Cataluña.

En esta reacción hubo, sin embargo, un fallo político grave en la implementación de las actuaciones dirigidas a evitar la efectividad de la consulta del 1-O. Dicha consulta se celebró de facto.

A expensas de lo que decidan los tribunales, hay sospechas de que la pasividad e, incluso, la complicidad de la dirección de los Mossos con las dirigentes secesionistas fueron decisivas para ello y, además, indujeron a la intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, lo que tuvo tres efectos negativos: (1) Las imágenes de uso de la fuerza para impedir la votación hizo que ciudadanos que no hubieran votado decidieran ir a votar; (2) Deterioraron la imagen internacional de la democracia española, despertando, además, simpatías por la causa secesionista. Adicionalmente, las imágenes falsas difundidas por el agitprop secesionista y la débil acción del Gobierno en este terreno contribuyeron, en los primeros días, a que la causa secesionista ganara adeptos en el terreno internacional;(3) Tales imágenes permiten la creación de una nueva fecha icónica para el demos secesionista.

A la vista de todo ello, parece que, en situaciones semejantes, debe actuarse con mucha más efectividad ex ante pero, en todo caso, abstenerse de acción alguna sobre los ciudadanos, e iniciar acciones legales contra los responsables. Se trataba de una votación ilegal, sin ninguna garantía, manipulable y manipulada por sus organizadores, sin respaldo internacional alguno. Esta realidad se hubiera mostrado en toda su desnudez si no hubiera habido intervención policial.

El fracaso del desafío tuvo una consecuencia fatal para su causa, tal y como en otro momento, vaticinó Gaziel: los secesionistas no solo no consiguieron la independencia, sino que Cataluña vio suspendida su autonomía en una aplicación minimalista del artículo 155, que se extendió temporalmente más allá de las elecciones del 21-D, no por decisión de ninguno de los poderes del Estado, sino por la incapacidad de los lideres secesionistas de acordar la formación de un Govern, a pesar de haber conservado la mayoría absoluta y a pesar de que el partido más votado fue, por primera vez en unas autonómicas, un partido no nacionalista y de ámbito nacional, Ciudadanos, lo que deberían saber interpretar como una señal alarmante para sus intereses

Ello pone de manifiesto que el autismo propio de los partidos secesionistas, así como el hecho de que representan intereses personal y socialmente diferentes y de mayor peso que el señuelo secesionista, les dificulta sobremanera llegar a acuerdos entre ellos, lo que evidencia que tienen una dificultad casi insuperable para llegar a acuerdos con organizaciones que rechacen la secesión y, derivadamente, para aceptar las decisiones de una mayoría contraria a la misma.

La independencia ha desaparecido del horizonte temporal y, ahora, deben centrarse en conservar la autonomía, si bien ya bajo el recelo de toda la población no secesionista de Cataluña y del resto de España, lo cual dificulta el hallazgo de una salida a la situación creada en el corto plazo, incluso de cuál debe ser la dirección de la misma.

No me referiré a la huida de empresas, casi todas las más importantes, de efectos muy perjudiciales, por más que se intenten relativizar desde el púlpito secesionista. Tampoco a la salida constante de profesionales de valía, ni a que la sociedad catalana se ha cuarteado y a que la fractura que deteriora la convivencia durará mucho tiempo. Sí quiero subrayar, sin embargo, un hecho: todos en Cataluña -y fuera- sabían que había una parte explícitamente nacionalista y otra criptonacionalista, a la espera de que sus líderes optaran por dar el paso -"Hoy paciencia, mañana independencia". Existía, sin embargo, el valor sobreentendido de que todos, incluidos los secesionistas, eran, ante todo, demócratas. Y, por lo tanto, no existía temor alguno a que nadie, en la supuestamente civilizada Cataluña, intentara imponerse por la fuerza a los demás. La aprobación de la Ley del Referéndum y de la Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República, desafiando la vigencia de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, la convocatoria del 1-O y la declaración, por persona sin facultades para hacerlo, de la independencia de Cataluña, sobrecogió a la mayoría de la sociedad porque nadie había creído, hasta ese momento, que algo así fuera posible en su seno.

Los hechos, sin embargo, lo desmintieron. La sociedad satisfecha de sí misma recibió un choque emocional y un golpe en su autoestima del que tardará en reponerse. Adicionalmente, las elecciones del 21-D otorgaron la mayoría parlamentaria, no la social, a grupos que habían mostrado tal falta de respeto al orden democrático. Todo ello abrió un abismo de desconfianza, en primer lugar, entre los ciudadanos de Cataluña y, en segundo lugar, del resto de España hacia Cataluña, lo que será muy difícil de superar en un horizonte temporal razonable.

La complicidad amigable, el orgullo de saberse una sociedad respetuosa, respetada y valorada, así como la confianza reciproca que otrora daban forma a la convivencia social se han disipado. Y tardarán en volver.

Dejando de lado aspectos personales, este es el paisaje después de la batalla. La cuestión es qué hacer para que deje de ser tan desolador, tan angustioso, tan frustrante para una sociedad que se sabía, porque lo es o lo era, tan privilegiada en virtualmente todos los aspectos y que ha destruido ya, de un modo incomprensible, una parte fundamental de su activo reputacional y de un bienestar trabajosamente construidos.

La solución no está en la denominada unilateralidad, en este caso, sinónimo de ilegalidad y, por tanto, de falta de respeto a quienes no piensan como quienes imponen esa vía. Muy al contrario, eso fractura la sociedad antes y más profundamente que cualquier otra cosa, y, además, es obligación de cualquier autoridad democrática exhibir tolerancia cero con cualquier vulneración del Estado de Derecho, porque debe imponer la voluntad de la mayoría, expresada en las leyes, a quienes se niegan a aceptarla.

Tampoco está en negarse a hablar con quienes quieren la secesión, sobre todo teniendo en cuenta que recogen la voluntad de más de un 47 por ciento del electorado catalán, sin olvidar que la mayoría la rechaza. Yo no estoy de acuerdo con la secesión ni con otras muchas cosas, pero debemos reconocer el derecho a desear la secesión y a que, quienes la desean, puedan actuar políticamente para conseguirla, siempre que lo hagan dentro de las reglas del juego, lo que puede incluir la modificación de dichas reglas si estamos de acuerdo en ello y se hace por el procedimiento reglado democráticamente que incorpora la Constitución.

Pero, antes de iniciar cualquier camino, debemos revisar, todos, conceptos y actitudes. En este sentido, he de decir que el reciente pregón de las fiestas de La Mercè, pronunciado por la joven actriz Leticia Dolera, es toda una llama de lucidez y de esperanza, cuando afirma que no se puede imponer un concepto de nación a quien no la siente como tal, ni tampoco exigir -añado yo- a quienes tienen un concepto de nación que renuncien a él.

Afirma también que no es sano que el concepto de nación esté por encima de todo y sea el motor de nuestras vidas. No puedo estar más de acuerdo.

Es preciso advertir, sin embargo, que una de las características definitorias no de quienes tienen un sentimiento nacional sino de los nacionalistas que quieren un Estado solo para ellos, es que priorizan la consecución de su Estado como la dimensión vital determinante de sus miembros, por encima de todas las demás, tanto públicas como privadas.

Eso puede tener sentido si se vive en un Estado autoritario o totalitario, pues un Estado así ahoga dimensiones esenciales del ser humano.

Por ello, en tales situaciones se reconoce el derecho de autodeterminación. Pero dicha priorización no tiene sentido si se vive en un Estado democrático, en el que t odos los niveles de poder son elegidos libremente por los ciudadanos: un Estado democrático es, por ello, un Estado propio de todos y cada uno de los ciudadanos.

En un Estado democrático la nota definitoria del concepto de nación no es la cultural sino la de ser un conjunto de ciudadanos que comparten una misma constitución y un mismo poder delegado. Por ello, los Estados democráticos no incluyen en su carta de derechos la autodeterminación.

Cuestión distinta es que pueda acordarse resolver determinados problemas usando la vía de un referéndum sobre la segregación o permanencia por considerar que es la vía más apropiada. Salvo que alguien dé buenos argumentos, no creo que esta sea la via para resolver los problemas existentes en Cataluña. En mi opinión, no solo no los resolvería, sino que los agravaría, tanto dentro de Cataluña como en el resto de España.

Una cosa es tener un sentido o sentimiento nacional y otra muy distinta una actitud nacionalista. Este es uno de los nudos que debemos saber desatar.

Los nacional-secesionistas han conseguido dividir la sociedad entre ellos y los malos, que es como nos ven a todos los demás., en afortunada expresión de J. M. Pou.

A pesar de ello, no debemos perder la esperanza en el hecho que, parafraseando a Leticia Dolera, hay buena gente en todos los puntos de vista y en todos los partidos políticos y que, entre todos, hemos de saber encontrarnos y entendernos.

Y, desde esa creencia, "hemos de hablar entre nosotros, pero, sobre todo, hemos de saber escucharnos y nos escuchamos mejor mirándonos entre nosotros que mirando una bandera".

Este es, en mi opinión, el punto de partida necesario para iniciar un camino que nos permita encontrar, festina lente, una vía de salida a una situación angustiosa, esterilizante y empobrecedora en todos los aspectos.

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