Con la llegada del PSOE al poder en 1982, se paralizó la construcción de centrales nucleares, tal y como figuraba en su programa electoral. Detrás de tan loable actitud ecologista se escondía el rescate de las compañías eléctricas, que imprudentemente habían comprometido grandes inversiones en la construcción de este tipo de centrales para una demanda eléctrica que suponían en constante crecimiento y que la crisis de los 80 desbarató.
El parón nuclear respondía al sobredimensionamiento de la capacidad de generación, aunque daba satisfacción a los detractores de este tipo de generación eléctrica. Pero quien pagó su alto coste, más de 6.000 millones de euros, fue el ciudadano, a través de la factura de la luz. El principal beneficiario de la operación fue Iberdrola, que recibió 4.000 millones de euros.
De nuevo, las eléctricas emprenden, en la década de los 90, un ciclo inversor en generación ante las buenas perspectivas que ofrece el pujante crecimiento económico. Las centrales ahora son los ciclos combinados de gas y requieren una inversión moderada llegando a instalarse 67 unidades de 400 MW de potencia.
La crisis de los primeros años del nuevo siglo frustra sus pretensiones y, otra vez, el sobredimensionamiento de la capacidad de generación impide la amortización de las inversiones, en este caso ya completadas. Ante esta nueva crisis, los dos grandes de los ciclos combinados emprenden caminos diferentes. Gas Natural Fenosa actúa sin rodeos y presenta ante los tribunales una reclamación aduciendo que las primas a las renovables han perjudicado sus inversiones en ciclos combinados, mientras que Iberdrola, fiel a la máxima de la patronal eléctrica: "los problemas de la luz se arreglan a oscuras", abandera la descarbonización, entendida como cierre de las térmicas de carbón, quizás pensando que escudándose en la bandera ecologista vuelva a obtener pingües beneficios.
La nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dando a entender que viene con la lección mal aprendida, certifica en su primera semana la muerte de las centrales de carbón y se apresura a ofrecer Fondos Mineros II. Más tarde presenta como un triunfo el adelanto en la Unión Europea del calendario de descarbonización a 2032, con revisión en 2023, y un compromiso genérico de reactivación de las comarcas y regiones afectadas. Otro más, cuando sigue incumpliéndose el actual Marco de Actuación pactado con los agentes sociales.
Sin embargo, el Gobierno no hace ninguna referencia a los dos interrogantes energéticos fundamentales: ¿qué tipo de energía va a cubrir la demanda ante la desaparición de las térmicas de carbón y cuál va a ser el precio del KWh?
La posición progresista es clara: favorecer e impulsar las energías renovables para dar cumplimiento a los compromisos de París con ambiciosos objetivos en cuanto a su participación en la generación eléctrica, ya que serán las que desplacen a las térmicas de combustibles fósiles (carbón y gas natural).
Pero esto no es lo mismo que propugnar el cierre exprés de las centrales de carbón para dar toda la ocupación a las centrales de gas. No se trataría de transición, sino de sustitución energética. Si se mantuviesen sin embargo ambas en funcionamiento durante el periodo de transición en una competencia condicionada por la evolución del precio del CO2, se garantizaría el tiempo de transición necesario a los territorios afectados y la modernización de la industria con equilibrio en los precios de la electricidad.
En relación al impacto social y territorial, a Asturias, Castilla León, Aragón y sus comarcas mineras se nos vuelven a ofrecer subsidios a cambio del impacto del cierre de la minería y el desmantelamiento exprés de las térmicas y sus efectos industriales. Asturias tiene el 25% de la potencia instalada en centrales térmicas de carbón. En el Puerto del Musel entran 2,5 Mt de carbón al año y salen 250.000 camiones cargados con destino a las térmicas. Un buen número de empleos en trance de destrucción a corto plazo con una descarbonización exprés.
Pero lo peor es que no solamente está en peligro el sector eléctrico asturiano, sino que una subida de las tarifas repercutirá en la industria, y no solo en la de la provincia de Asturias (siderurgia, metalurgia del aluminio y zinc, etc.) caracterizada por el consumo intensivo de electricidad. Todo ello pondría en riesgo miles de empleos (2.000, 1.200 y 10.000) entre mineros, térmicas y transporte e industria.
El cierre de las centrales térmicas de carbón tendrá además un importante efecto agregado económico y territorial, fundamentalmente en las comarcas del Nalón y del Narcea, y en general en las comarcas mineras, que se superpondrá al ya existente por el cese de la actividad minera.
Nos enfrentamos, pues, al objetivo muy serio de anticipar drásticamente el cierre de las centrales térmicas, al margen del reciente informe de la comisión de expertos por parte de un sector eléctrico acostumbrado a mandar y a ser obedecido, y de un Gobierno que no parece haber aprendido de errores anteriores. Todo ello cuando la evolución progresiva del actual mix de generación eléctrica sería sostenible, diversificado, equilibrado, seguro, competitivo y cumpliría ambientalmente con los objetivos de transición energética.
Si no logramos un frente común para frenarlo, 2018 puede ser el inicio de un nuevo shock energético e industrial, en particular para Asturias y para las comarcas mineras, pero también para el precio de la electricidad, la industria española y los consumidores. Estos cierres pueden tener un efecto en cadena sobre el sector industrial español, que aún está recuperándose de la crisis y que además es muy intensivo energéticamente, y cuya diversificación y productividad se encuentran en situación precaria: Un 50% menor en I+D y un 34% de productividad que la UE 15.
En definitiva, no se nos ofrece transición, sino un trauma sin reconversión económicamente ineficiente y socialmente injusto. Si a ello le sumamos la situación delicada de las infraestructuras tecnológicas actuales y la debilidad crónica de la investigación y desarrollo, podemos enfrentarnos a la tormenta perfecta en la industria que está todavía lejos del objetivo Comunitario del 20% del PIB.
Por eso es muy importante, frente a este trauma inasumible, conjugar el tiempo y el consenso. Hay que evitar el cierre total anunciado de la minería y de las centrales térmicas como energía de respaldo y garantizar una transición energética no traumática y equilibrada, que permita la innovación industrial y el empleo. Por eso hace falta también en estos momentos un nuevo marco de actuación "inmediato" para la minería del carbón y una modificación del sistema de interrumpibilidad para la industria electrointensiva. Una estrategia global concertada con un calendario de transición energética más amplio y viable. El reparto del esfuerzo equilibrado de descarbonización en los combustibles fósiles, el transporte, el ahorro y la eficiencia energética.
Un amplio consenso con sectores y territorios afectados que incluya la planificación con compromisos públicos y privados de mejoras tecnológicas y la sustitución paulatina de energías, los planes industriales y de empleo previos al cierre y un fondo para la transición energética justa, todo ello junto a una auditoría de costes y nueva formación de precios que compensen a los consumidores. Una transición energética real que no suponga una ruptura con el modelo actual, que se haga de una forma consensuada, participativa, viable y ordenada con los territorios, frente a la actual amenaza de destrucción de empleo y deslocalización de la actividad productiva.
