El Gobierno sufrió esta semana un fuerte revés, debido a que la mayoría de la Mesa del Congreso frustró, con toda legitimidad, su artimaña para reformar la Ley de Estabilidad por la vía exprés y sin controles. Como resultado, el Ejecutivo, y también Podemos, se resignan a aceptar que sólo hay una opción si quiere presentar un proyecto de Presupuestos este año: hacer suya la senda de reducción del déficit que el PP aprobó antes de la moción de censura.
Todo apunta a que Moncloa aceptará la tarea de bajar los números rojos de la Administración al 1,3% en 2019, más allá del 1,8% que perseguía inicialmente. Ahora bien, apenas se adelanta nada asumiendo formalmente este compromiso si no se definen los medios a través de los que se materializará.
La incertidumbre es aún mayor en este caso, dado que el Gobierno ya ha dado pasos para incrementar el gasto, como la recuperación de la cobertura sanitaria universal, mientras se niega a hacer algún tipo de ajuste en otros capítulos presupuestarios. Todo se fía, por tanto, al avance de los ingresos, pero aquí tampoco existe un plan de actuación.
La situación económica ha dejado de ser una ayuda, ya que el enfriamiento del consumo se notará en las cifras de recaudación fiscal. Sólo queda, por tanto, utilizar el pernicioso recurso de subir los impuestos, pero tampoco tiene garantías de que las alzas fiscales conciten el apoyo necesario en el Congreso. De hecho, el PDeCat se opone a elevar el IRPF a las rentas altas. La única certidumbre, por tanto, es que el Gobierno se afana por presentar sus propias Cuentas para 2019, pero se trata de una misión imposible si no cuenta con una hoja de ruta presupuestaria mínimamente realista.
