El número de empresas españolas que cuentan con más de 50 empleados se ha reducido casi un 13% desde el año 2007. Sin duda, en esa reducción ha influido el azote de la crisis económica, que condujo al cierre de un número notable de medianas e incluso grandes empresas.
Pero resulta significativo que, en plena recuperación, el crecimiento de este tipo de firmas sea aún moderado e incluso existan sectores en los que todavía cae. Debe reconocerse que resulta especialmente complicado en nuestro país, desde el punto de vista administrativo, que una pyme dé el salto que le permita ganar tamaño.
La patronal denuncia que persiste una excesiva complejidad administrativa que afecta a los trámites más básicos para el funcionamiento de la empresa, como es la contratación de trabajadores. Pero no son menos importantes los obstáculos en materia de impuestos.
Tal y como están concebidos actualmente los umbrales en facturación en el Impuesto de Sociedades o en la liquidación del IVA, puede resultar más rentable para una empresa dividirse en dos sociedades de pequeño tamaño que crear una corporación más grande.
Esta situación constituye una anomalía que crea perjuicios económicos. Por un lado, se pierde la alta capacidad de creación de puestos de trabajo que tienen las firmas de gran tamaño. En paralelo, actividades como la internacionalización también se resienten.
Exportar constituye una exigente actividad, en cuanto a costes, que solo pueden ejercer de forma continuada sociedades de cierto tamaño. Por tanto, las trabas al crecimiento empresarial tienen un amplio alcance ya que mina aspectos clave de la economía como la competitividad de su sector exterior.
