El gasto en pensiones crece en agosto a una tasa mensual récord: 4,86%. Hay que remontarse a octubre de 2013 para encontrar un ritmo tan acelerado, pero debe marcarse una diferencia crucial.
Hace cinco años, el avance del 4,92% del desembolso de la Seguridad Social suponía una desaceleración con respecto a las tasas superiores al 5% de los meses previos.
Esa moderación se ahondó en trimestres posteriores gracias a la entrada en vigor de una de las mejoras que supuso la reforma de 2013: desvincular el pago a los jubilados del IPC.
En 2018, la tendencia es completamente opuesta. Los Presupuestos de este año vuelven a indexar las pensiones y no es casual que agosto bata récords, ya que es el primer mes en que se aplicó su nueva revalorización del 1,6%.
Y el gasto en pensiones será cada vez más gravoso, no solo porque las alzas de 2018 y 2019 se consolidarán. Además, se abre un periodo crítico hasta 2022 en el que se jubilará la generación del baby-boom.
Por tanto, la situación de la Seguridad Social, de por sí preocupante, está abocada a empeorar por las decisiones de revincular las pensiones al IPC y abandonar la aplicación del factor de sostenibilidad. La respuesta del Gobierno se reduce a fiarlo todo a la evolución de los ingresos.
Pero es una vía insuficiente considerando que la economía se enfría e incluso sectores hasta ahora tan boyantes como la hostelería desaceleran en facturación y creación de empleo.
En paralelo, la implantación de nuevos impuestos amenaza con acentuar ese proceso. Así, los problemas que plantea la Seguridad Social crecerán, hasta hacerse insostenibles, si no se vuelven a impulsar reformas que se atrevan a abordar la cuestión de cómo racionalizar el gasto en pensiones.
