La independencia judicial es una condición imprescindible para el Estado de Derecho. Esto resulta bastante evidente: si un juez no puede aplicar libremente las leyes (por ejemplo, por estar sometido a presiones), entonces no regirá el Derecho, sino otra cosa. Por supuesto, cuando cualquier juez, o en general cualquier funcionario público que tiene que aplicar las leyes, toma una decisión, puede equivocarse.
De hecho, existe un sistema garantista de recursos precisamente para corregir los posibles errores. Pero, acertando o equivocándose, el juez no saca ningún partido personal o patrimonial de sus decisiones. Si lo sacase, entonces estaríamos hablando de corrupción. Por esa razón, obvia y evidente, no podemos pretender que una investigación judicial contra alguien poderoso acabe con el patrimonio de un juez. Si eso ocurriera, podrían suceder dos cosas: o que nos quedáramos sin jueces o que los jueces no investigaran a nadie poderoso.
Después de quince años ejerciendo como inspector de Hacienda, he visto como muchas de las decisiones que he tomado no gustaban al contribuyente afectado. La reacción no era precisamente agradable, pero son gajes del oficio. También he visto como algunos contribuyentes utilizaban estrategias agresivas contra algunos de mis compañeros.
Pero hasta los directivos más ineptos que ha tenido Hacienda siempre han comprendido que, si los inspectores actuaban en nombre del Estado y de la Hacienda, el Estado debía garantizar su defensa. Cuando se lee en la prensa que Hacienda exige cantidades millonarias a gente muy poderosa, a ninguno nos extraña. Y no nos extraña porque los funcionarios que lo hacen se limitan a hacer cumplir las leyes. Pero el Estado debe garantizar que estos funcionarios pueden hacerlas cumplir sin jugarse su vida o su patrimonio personal.
Eso mismo ocurre, corregido y aumentado, con los jueces de instrucción en algunos procesos penales. Ahora bien, si dejamos que cualquier-presunto-delincuente-poderoso le haga la vida imposible a un juez, o a un inspector de Hacienda, o de Trabajo que le molesta, habremos acabado con el Estado de Derecho, porque la aplicación de las leyes no será igual para todos. Por eso, una obligación evidente de cualquier Gobierno es garantizar unas condiciones de trabajo mínimas a sus funcionarios, empezando por los jueces, que tienen que hacer cumplir las leyes.
Que esto se cuestione puede parecer surrealista, pero es que mucho de lo que hacen los Gobiernos de Torra y Pedro Sánchez lo es. Que un Gobierno respete la independencia judicial consiste en que los Gobiernos no se inmiscuyan en las decisiones judiciales, no en que dejen a los jueces molestos a los pies de los caballos. Que al Govern de Torra y Puigdemont le molestan, y mucho, algunas de las resoluciones del juez Llarena es bastante evidente.
De hecho, han ocupado las calles, plazas y playas catalanas con simbología separatista para que nos enteremos todos. Se trata de los lazos amarillos que ensucian el espacio público del que sólo Ciudadanos, pese a las amenazas ilegales, está dispuesto a cuidar, velando por su neutralidad. Por otra parte, no hay que olvidar que ese PSC, al que Sánchez le ha encargado la política territorial, hizo campaña electoral con el indulto a los políticos presos como propuesta propia en las pasadas elecciones catalanas.
Además, y esto no es ocioso recordarlo, el Gobierno de Sánchez depende en cada votación en el Congreso no sólo de los populistas de Podemos, sino también de los separatistas de ERC y de un PdeCat a las órdenes directas de Puigdemont (por lo menos desde que Puigdemont forzó la renuncia de Marta Pascal por no seguir sus órdenes). Por esos motivos, parecía razonable dudar de la capacidad del Gobierno de Sánchez para garantizar la inmunidad de la jurisdicción española ante la demanda civil cursada por los presuntos delincuentes fugados encabezados por Puigdemont.
Si no estuviésemos hablando de una cuestión en la que el Gobierno Sánchez está maniatado, todo esto no merecería ni un segundo de discusión. La eventual responsabilidad de los jueces y magistrados españoles no se depura en los juzgados belgas. Y aunque la demanda de Puigdemont y el resto de presuntos delincuentes fugados señale lo contrario, claro es que se pretende atacar a Llarena por su actuación judicial.
Evidentemente, si el Juez Llarena no hubiese dictado las resoluciones judiciales en el tema del fallido golpe a la democracia en Cataluña, ni tendría una campaña de acoso por parte de los CDR (comités de defensa de la república), ni le hubiesen demandado en Bélgica.
Por eso, tenía todas las dudas de que la ministra de Justicia autorizase la representación del Estado en el pleito que Puigdemont ha entablado en Bélgica contra Llarena y el Estado Español. Sí: digo el Estado Español porque si los jueces y demás funcionarios del Estado se juegan su patrimonio si persiguen los eventuales delitos de los dirigentes separatistas, más pronto que tarde se cansarán de ser héroes.
El Gobierno del Estado debería ser el primer interesado en mantener que los tribunales extranjeros no pueden exigir responsabilidades a los jueces españoles. La defensa de las leyes, los jueces y la jurisdicción española es la defensa no sólo del Derecho, y del Estado de Derecho, sino también simplemente del Estado.
Pero, de momento, el juez Llarena ha tenido que pedir amparo al Poder Judicial, cuando ha visto que el juez belga admitía a trámite una demanda, que parece como mínimo un fraude de ley. Luego no sólo el Gobierno de Sánchez no ha reaccionado, sino que ha nombrado para un cargo en el Ministerio a la única vocal que no votó a favor del amparo.
Finalmente, y pese a los informes de la Abogacía del Estado favorables a la defensa del juez Llarena, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha acordado que el Estado sólo se personará si se cuestiona la jurisdicción y no para defender al magistrado de cualquier otra demanda… como si esas demandas de Puigdemont y compañía no viniesen ocasionadas precisamente por la actuación jurisdiccional de Llarena.
Toda la política territorial que está siguiendo el Gobierno de Sánchez ya es motivo más que suficiente para preocuparse, pero lo que ya es del todo inadmisible es que, con su inacción, deje de garantizarse el Estado de Derecho. Hace poco Torra llamaba a atacar al Estado. Esto ya ha empezado: al Juez Llarena, como a los militantes y representantes de Ciudadanos que retiran lazos amarillos, se les ataca porque defienden el Estado, las leyes y la convivencia.
La reacción de la vicepresidenta Calvo a los ataques de Torra ha consistido en ignorarlos y atacar a los constitucionalistas, reclamándonos lealtad, como si no hubiesen aceptado nunca un puñado de votos del separatismo para pasar una temporada en Moncloa. Dudo que haya demasiado margen para el optimismo: Torra dice que hay que atacar al Estado y todo lo que tiene que decir el Gobierno Sánchez es que con frases al Estado no se le ataca. La pregunta es, señor Sánchez: ¿al Estado se le defiende?
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