El mejor exponente de que la consecuencia más directa del buenismo que nos asfixia será el desastre es Cataluña.
Afortunadamente, en esta ocasión no hay que lamentar heridos o muertes, pero es llamativo que solo setenta y dos horas después de que la alcaldesa de Barcelona proclamara ante el mundo que la suya era una ciudad de paz, un tipo cuchillo en mano haya intentado asaltar una comisaría de los Mossos.
Ante esa aparente paradoja, solo caben dos tipos de explicaciones. O el asesino no ha entendido el mensaje de mano tendida de Ada Colau, que hace un año se negaba a instalar bolardos y que ahora, en el aniversario del 17-A, ni ha censurado ni ha nombrado siquiera a los asesinos yihadistas, o es que él también es firme partidario de la paz. Ahora bien, el concepto que parecen tener uno y otra es bien distinto.
La alcaldesa probablemente espera que ofreciendo paz y amor y diálogo al estilo de Manuela Carmena su ciudad jamás será atacada de nuevo. Al asesino, sin embargo, la paz que le gusta es la de los cementerios. De modo que o les combatimos o, como nos presentemos ante él con dibujos de palomas blancas, citas de Heminway y música de Imagine, nos mata. Las ciudades, más que de paz, deben ser espacios de libertad y de risas y bullicio, de vida.
Otra muestra de los efectos que el buenismo provoca en Cataluña es la santificación que se ha hecho de los pactos. Hace ya casi un año, Mariano Rajoy, desoyendo a quienes estaban en contra en su partido y dejándose llevar por su natural querencia de evitar a toda costa cualquier lío, decidió aplicar de forma restringida el artículo 155 de la Constitución tras el golpe de Estado del parlamento de Cataluña.
Todo lo que había que hacer entonces en una comunidad en la que, según su vicepresidenta, no había democracia, era celebrar elecciones. Después, tras el fiasco de la mayoría nacionalista en las urnas, nos explicaron que no hizo más por aquello de contar con el respaldo del PSOE y Cs. En definitiva, mejor un acuerdo, por perverso que pudiera llegar a ser, que aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias. Un año después, todo un juez del Tribunal Supremo tiene que dejar su vivienda en Cataluña porque no se puede garantizar su seguridad, los cachorros de la CUP acosan a todo aquel que no comulgue con su credo, la libertad de expresión solo existe para los xenófobos independentistas que colocan lazos amarillos por doquier y las fuerzas separatistas recomponen su unidad para lanzar un nuevo órdago al Estado de Derecho.
Y en la Moncloa han colocado con sus votos a un presidente más débil que el anterior. Cuando Torra decida cumplir su amenaza y atacar al Estado, me pregunto con qué argumentos defenderá el PSOE una aplicación del 155 mucho más extensa, que abarque a toda la administración autonómica y a sus satélites, y que se prolongue todo lo necesario en el tiempo. A lo peor, es que, en el colmo del buenismo, ni siquiera querrá hacerlo.
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