La vía que buscó Fomento para acabar con las protestas del sector del taxi contra Uber y Cabify puede que haya convencido a los taxistas, pero ha sido recibida con mucho menos entusiasmo en lo que respecta a la tercera parte implicada: las comunidades autónomas.
El Ministerio busca que los Gobiernos regionales regulen las licencias VTC pero, según se rumorea, los primeros contactos con esos Ejecutivos distan de ser prometedores.
"Todas las autonomías del PP, la Generalitat de Cataluña e incluso algunos Gobiernos del PSOE creen que van a salir perdiendo si se les implica tan profundamente en este conflicto".
De hecho, hay quien dice que sólo el equipo del presidente valenciano, Ximo Puig, y quizá también el Gobierno andaluz se han mostrado abiertamente dispuestos a colaborar.
Es cierto que si una autonomía decide inhibirse en este asunto, seguirá aplicándose en su territorio la normativa estatal.
Sin embargo, en el Gobierno son conscientes de que si un alto número de autonomías da un portazo a sus planes, el coste en términos de imagen para el Ejecutivo central será elevado. Incluso, según reconocen, es posible que el conflicto resurja.
