El plan fiscal del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, esencialmente subirnos los impuestos a todos, va tomando forma. Por una parte, tras muchísimas quejas, el Gobierno aplaza su impuesto a los clientes bancarios. Por otra parte, insiste en el dieselazo: la subida de impuestos a los conductores de coches diésel, más de 17 millones de españoles. Por supuesto, aquí el Gobierno de Sánchez vuelve a incumplir sus promesas de NO subir impuestos a la clase media y trabajadora. Por su propia definición, la subida del impuesto al gasóleo es simplemente indiscriminada, por lo que no es precisamente un impuesto que solo afecte a los ricos.
Sin embargo, aquí topamos con la excusa ecológica: Pedro Sánchez quiere subirnos los impuestos para que contaminemos menos, y para que cumplamos con los objetivos de reducción de las emisiones de CO2. La realidad es bastante más prosaica: el objetivo fundamental de la subida del impuesto al diésel es simplemente recaudar más. Los motores diésel emiten menos CO2 y consumen menos. Ahora bien, los diésel antiguos emiten más óxidos nitrosos, que son responsables de la boina de contaminación que respiramos en las grandes ciudades. En consecuencia, subir los impuestos al diésel no va a ayudar en nada a cumplir con el objetivo de reducir las emisiones de CO2.
Pero, además, nadie va a dejar de utilizar su coche porque el gasóleo suba unos céntimos de precio: con eso lo que ocurrirá será simplemente que pagará más caro cada kilómetro de desplazamiento. Por eso lo único que se puede conseguir con esa medida, es financiar más gasto público. Si se pretendiese reducir la contaminación habría que tomar otras medidas como abaratar el cambio de vehículos, dado que los nuevos emiten mucha menos polución, reduciendo o eliminando el impuesto de matriculación. También habría que extender el número de puntos de recarga de coches menos contaminantes, e incrementar la frecuencia e infraestructuras del transporte público… Pero todo esto cuesta dinero, por lo que no permite recaudar para que el Gobierno Sánchez se pueda pagar la campaña electoral más cara de la historia.
Ahora bien, el problema fundamental de esta idea feliz del Gobierno del PSOE es que no es fácil conseguir los votos para aprobarla. Por eso, la ministra de industria, Reyes Maroto, ha anunciado que el nuevo impuesto se incluirá en los presupuestos de 2019. El artículo 134 de la Constitución prohíbe que se creen nuevos impuestos en la ley de Presupuestos. Por otra parte, el gasóleo, como los demás productos energéticos, está sometido a las directivas de impuestos energéticos. Esto significa que no deberíamos dedicarnos a crear nuevos impuestos porque las consecuencias pueden ser nefastas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó a España a devolver miles de millones de euros derivados de haber cobrado ilegalmente el céntimo sanitario, o impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos. Los errores del PP y el PSOE, también en materia fiscal, nos han salido carísimos a los españoles.
Con todo esto, no parece que hablemos de un nuevo impuesto, sino simplemente de subir el impuesto especial para equipararlo al de la gasolina. Esto se hace tradicionalmente por decreto-ley, pero el Gobierno de Sánchez se quiere esperar a enero y aprobarlo en presupuestos. ¿Por qué? Esto se hace por decreto-ley porque el impuesto se cobra, una sola vez, a la salida de la refinería (o depósito fiscal, en su caso). Esto quiere decir que si el impuesto se anuncia antes de tiempo, los operadores acapararán el producto, pagando el impuesto vigente, y cuando el impuesto suba, venderán el gasóleo más caro. Esto supone que los operadores petrolíferos se lucran a costa del Estado y del consumidor, y por eso no se anuncia una subida fiscal con meses de antelación y a fecha fija.
Además de los problemas técnicos, parece un tanto estúpido pagar ya el coste político de una subida de impuestos, que no dará el primer euro hasta febrero o marzo de 2019, ¿no? No, no es estúpido, es simplemente un problema de falta de votos. Si el Gobierno del PSOE tuviese los votos, no de los españoles, de los que huye como la peste, sino simplemente en el Congreso, el impuestazo al diésel ya estaría en el BOE. Pero, en Ciudadanos estamos en contra de esta subida indiscriminada y contraproducente del impuesto al diésel. Además, el PP les devolverá la falta de apoyo cuando ellos pensaron en hacer lo mismo. Y lo que acaba siendo decisivo, parece que algunos grupos que apoyaron la moción de censura, no están por la labor de cargar con la impopularidad de una subida de impuestos indiscriminada: una cosa es subir los impuestos a los "ricos" y otra que cada vez que un español llene el tanque de su vehículo piense en quiénes tienen la culpa de que le salga más caro.
Por eso, la solución es incluir la medida en los presupuestos, lo que podría evitar una votación separada sobre la subida de impuestos. No está nada claro que haya mayoría para sacar un presupuesto, visto que no la hay ni para el techo de gasto, pero si la hubiese, el Gobierno se cree que la subida de impuestos pasará desapercibida. En último caso, y para evitar una votación separada, el Gobierno puede creer que podría utilizar el veto contra cualquier enmienda que pretendiese suprimir la subida de impuestos de la ley de presupuestos. Este planteamiento, seamos suaves, es discutible, pero no tiene mejores opciones a falta de votos.
Se avecina un otoño caliente en muchos ámbitos, especialmente en el territorial, pero también en el de los impuestos. No está nada claro que el Gobierno de Sánchez pueda conseguir sus objetivos a costa del bolsillo de los españoles. Pero lo que da pánico es el precio a pagar, a separatistas y populistas, para que pueda conseguirlo. El alquiler de La Moncloa, y todos los dedazos presidenciales que permite, no son baratos, pero su prórroga puede ser prohibitiva…
Entretanto, les deseo a todos los lectores de elEconomista unos días de merecido descanso.
