El Gobierno pretende que las centrales nucleares cierren entre 2023 y 2028. En dicho periodo todas alcanzarán los 40 años de funcionamiento. Ése es el máximo que hasta ahora se consideraba aceptable para su vida útil, pero países como EEUU ya lo están ampliando.
Con todo, las objeciones que se pueden poner al propósito del Gobierno van mucho más allá de ese debate. En primer lugar, clausurar estas instalaciones implica un proceso técnicamente muy complejo en el que las prisas saldrán caras a sus propietarios (Endesa e Iberdrola) y a la Administración.
Una vez parada una central, debe acometerse su desmantelamiento. De lo contrario se corre el riesgo de repetir situaciones como la propia de Garoña, cuyo mantenimiento, pese a estar cerrada, absorbió seis millones al mes.
Para evitarlo, debe calibrarse a qué ritmo puede trabajar Enresa, la empresa encargada del desmontaje, y también la capacidad existente para gestionar los residuos contaminantes.
Tras quedar en punto muerto la construcción del almacén de Villar de Cañas, y considerando las limitaciones que Enresa afronta, la propuesta de limitar el cierre programado hasta 2028 a solo tres nucleares, como defienden Iberdrola y Endesa, parece lo más sensato.
Pero aún hay otras razones para dar por buenos estos plazos, como es el hecho de que se evitaría un repunte incontrolado de las emisiones de gases de efecto invernadero y también del coste de la electricidad para los ciudadanos.
El Gobierno debe aceptar que nada sería más perjudicial que abocar al sistema eléctrico a un apagón nuclear completo y precipitado.
Este tipo de energía aún es necesaria y las decisiones sobre su futuro requieren de una hoja de ruta clara y consensuada.
