Hay cosas que se ven venir. Llevamos semanas advirtiendo en elEconomista de que la política de un gobierno no puede ser un conjunto de ocurrencias en el último minuto. En sus primeros compases, el Ejecutivo Sánchez anunció la supresión de los peajes o del copago farmacéutico, a la par que la reimplantación de la sanidad universal. La tómbola de premios concluyó gracias a que la titular de Economía, Nadia Calviño, llamó la atención a su colega de Hacienda, María Jesús Montero, y ésta dejó claro al resto del Gabinete que nadie podía comprometerse a un gasto adicional sin su consentimiento.
Esta semana, en las comparecencias de los ministros en el Congreso, se notó una mayor prudencia. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, privatizará las autopistas de peaje quebradas, desatascará antes de fin de año la adjudicación del gran contrato de material ferroviario y reducirá a la mitad el plan extraordinario de inversión en carreteras en 2018, un trago amargo para el sector.
Su colega de Sanidad, Carmen Montón, restablecerá la sanidad universal a los sin papeles y el copago a los jubilados, pero ahora matiza que sólo a los "más vulnerables". La titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, también moduló su discurso. Las centrales de carbón se cerrarán en la próxima década, mientras que la clausura de las nucleares se alargará a 2028 o quizá más. ¡Largo me lo fiáis, Sancho!", que diría Don Quijote.
Ribera metió la pata al señalar sin cortapisas que "el diésel tiene los días contados", aunque no tiene ningún plan para acabar con él hasta 2030, más allá de un alza de impuestos, sobre la que también evitó pronunciarse y dejó en manos de Hacienda.
La bisoñez de Ribera parece que le jugó una faena. La ministra improvisó sus palabras sin pensar en su repercusión. La víspera se había comprometido con Anfac, la patronal del automóvil, a una transición ordenada hacia las nuevas energías.
Muchos ministros reconocen que lo más difícil es acostumbrarse a entender que desde su nombramiento hasta su cese cada una de sus palabras será mirada con lupa de varios aumentos.
Las palabras de Ribera entran, además, en contradicción con las de su colega de Industria, Reyes Maroto, que la víspera había marcado un plan para que el peso de la industria en el PIB español volviera al 20 por ciento en dos años, como propone la Unión Europea.
Nuestro país es el segundo productor europeo de automóviles y el séptimo del mundo. Además, tenemos grandes fabricantes de componentes como Gestamp, Cie Automotive, Ficosa o Antonlin. Sin la pujanza del sector, el porcentaje de PIB industrial sería ridículo.
Como explica muy bien el vicepresidente de Anfac, Mario Armero, las factorías españolas, todas ellas en manos extranjeras, se juegan su futuro con el coche eléctrico, que requiere muchos menos componentes y un mantenimiento mínimo.
Es necesaria una transición tranquila. Su sustitución por otras alternativas no es posible de golpe y porrazo. No tenemos red de suministro eléctrico, las baterías aguantan pocos kilómetros y los vehículos son mucho más caros.
El motor de diésel redujo en cien veces sus partículas contaminantes y puede seguir mejorando. El problema está en los vehículos antiguos más que en los actuales, que emiten menos CO2 a la atmósfera que los de gasolina. Pero mayor cantidad de NOx, el causante de la polución en el centro de las grandes ciudades.
La mitad de la población tiene un diésel y en su gran mayoría no está en disposición de cambiarlo. El anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, renunció a gravar más a estos vehículos para no provocar la indignación de los ciudadanos. El Gobierno de Sánchez rectificó enseguida para evitar el coste electoral.
Otro sector en la picota es el farmacéutico, si se acaba con los copagos y se ajustan las subastas de fármacos al límite, como hizo Montero en Andalucía. La industria farmacéutica es generadora de empleo de calidad y la mayor inversora en innovación.
Una contradicción flagrante del Ejecutivo es predicar con el crecimiento de la industria y del empleo de calidad por un lado, mientras que por el otro anuncia un fuerte encarecimiento de los costes laborales y fiscales.
Además de la subida del Impuesto de Sociedades, a la banca y a las tecnológicas, que Montero calificó de inmediata en su comparecencia en el Congreso, su colega de Trabajo, Magdalena Valerio, pretende destopar las cotizaciones sociales, equiparar la contratación temporal a la indefinida, volver a los convenios sectoriales y volver a su ultraactividad ilimitada, es decir, que se prorroguen ante la falta de acuerdo.
Toda una batería de medidas que encarecerán de manera extraordinaria la mano de obra. Y todo esto en un país, donde la actividad principal corresponde al sector servicios; ligado a la hostelería y el turismo, caracterizado por el empleo temporal y, por ende, precario.
¿Así piensa el Gobierno cambiar el modelo productivo e impulsar el empleo de calidad? Creo que va en la dirección contraria. Se cometen abusos en las contrataciones y es prioritario erradicarlos y favorecer la igualdad y la incorporación de la mujer a puestos directivos. Pero una subida generalizada de las cotizaciones sociales frenará la contratación y, por ende, la economía que empieza a crecer ya menos que en los últimos años, en un entorno más complejo, a causa de las guerras comerciales de Trump.
El nuevo Gobierno carece de un modelo productivo. Hasta ahora, da palos de ciego para reafirmar su ideología. La inquietud en el mundo empresarial es creciente por las subidas de impuestos improvisadas y expuestas de manera atropellada. Tampoco se entiende cómo con todos los incrementos fiscales previstos se va a incumplir la senda del déficit originario, según los planes pactados por la ministra de Economía con Bruselas. La única explicación es que la nueva política viene acompañada de una explosión del gasto público sin precedentes y de renuncias a los ajustes estructurales que son im-prescindibles para mantener la competitividad.
PD.-En materia de gasto asoman algunas disfunciones. La ministra portavoz y encargada de Educación, Isabel Celaá, cortará el presupuesto para la educación en los colegios concertados, mientras que, por otro lado, se incrementa el gasto sanitario para atender a los sin papeles gracias a los impuestos que pagan esos mismos españoles de clase media, que ven así coartada su libertad para elegir centro educativo para sus hijos. Hay dinero para lo que se quiere, como siempre.
En lo que hacen muy bien Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, es en incrementar el gasto en Defensa, como pide Trump. La Defensa es imprescindible y su gasto suele redundar en una mejora de la innovación que luego es trasladada a la esfera privada.
