Como era presumible, julio ha comenzado sin que se haya convocado el nuevo Plan de Inversión en Carreteras.
Era previsible que los plazos fijados por el anterior Ministerio de Fomento sufrieran retrasos tras el cambio de Gobierno. Con todo, más allá de la demora, el problema estriba en que el proyecto ha quedado en el limbo, sin que exista certeza sobre cuál es su futuro. En esa misma situación se encuentran otras iniciativas de gran importancia, como la relicitación de las autopistas de peaje quebradas (incluyendo las radiales), el desarrollo de la línea de alta velocidad entre Murcia y Almería o el plan de compra de nuevos trenes.
Se trata de una inversión de 8.000 millones que se encuentra actualmente en vilo. Pero los problemas de esta situación van más allá de lo abultado de la cifra.
En algunos casos, como en el que respecta a las autopistas quebradas, existen posibles daños colaterales como la elevación del déficit público. Si finalmente no se relicitan, aprovechando el atractivo de estas vías tras su saneamiento y el alza de sus tráficos, y se mantienen en manos del Estado, éste verá elevados sus números rojos. Pero el efecto más pernicioso lo sufrirá el sector de las infraestructuras en su conjunto. La crisis provocó una larga congelación en este ámbito, que solo en los últimos dos años empezó a revertirse con la reactivación de la inversión productiva.
Sirve como ejemplo el Plan de Carreteras que, por sí solo, implica 2.000 millones de euros. Pese a tan elevado potencial, si la incertidumbre sobre su futuro se mantiene es muy probable que las constructoras y los numerosos fondos que mostraron interés por participar se retiren. El sector de las infraestructuras en España corre así el riesgo de sumirse en una nueva parálisis.
