Plataformas de televisión por internet tan populares como Netflix, HBO o Amazon se verán obligadas a pagar el canon usado para financiar a RTVE.
Esa tasa existe desde hace diez años y se usa para compensar la pérdida de ingresos que para la cadena pública supone la prohibición de la publicidad. Hay varios argumentos favorables a que el Gobierno tome la decisión de extender este gravamen.
En primer lugar le habilita para ello la nueva directiva europea de medios audiovisuales que, tras dos años de discusiones, ya se halla preparada para que los Estados miembros la traspongan. En segundo lugar, y aún más importante, es el hecho de que resultaría comprensible que el Gobierno buscara unificar las condiciones en que compiten los diferentes operadores en el mercado audiovisual español.
Pagar la tasa RTVE constituye un trámite ineludible para todas las televisiones privadas, las cadenas privadas y las empresas de telecomunicaciones que también ofrecen este tipo de servicios. Es cierto que las teles por internet cuentan con un modo de difusión particular, que por su misma naturaleza las exime de obligaciones tradicionales, como desembolsar la tarifa por el uso del espectro radioeléctrico.
Pero la situación es diferente en lo que respecta a atenerse a la legislación, sin ningún tipo de trato de favor, en materias como la tasa RTVE, la protección de menores en sus contenidos o, por descontado, la declaración de sus beneficios en los países donde los generan. Sin duda, todas exigencias afectarán a la estrategia que caracteriza a Netflix y HBO de ofrecer contenidos a sus clientes a un precio muy bajo.
Pero deben adaptarse a las mismas reglas que rigen para sus competidores y buscar otros medios de mantener reducidas sus tarifas.
