En la entrevista a la ministra de Economía y Empresa y presidenta de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, publicada en El País el 17 de junio, se echa de menos la concreción del Programa de Política Económica que se pondrá en práctica en la nueva etapa.
Afortunadamente, queda muy claro el europeísmo de la que desde el 2006 trabajó en la Comisión Europea y desde el 2014 fue directora general de Presupuestos y número dos del comisario Günther Oettinger. No resulta, por eso, nada extraño que afirme en la entrevista que "el compromiso de España con la estabilidad presupuestaria es claro e inequívoco".
Las dudas sobre la concreción del Programa de Política Económica aparecen, sin embargo, cuando, después de afirmar que "España tiene un crecimiento sólido con creación de empleo y con perspectivas positivas, que pueden servir de base al proyecto del nuevo Gobierno" declara que hay que "diseñar un modelo que nos permita crecer de otra manera". Y aquí es donde aparece la ambigüedad y surgen las dudas sobre la consistencia de la nueva Política Económica, pues al atribuir la recuperación de nuestra economía en los 10 últimos años al "esfuerzo realizado por los españoles en términos de ajuste salarial y crecimiento de la productividad", declara que el nuevo modelo de crecimiento "no puede basarse en caídas salariales y crecimientos de la productividad destructora del empleo".
La confusión que pueden generar estas afirmaciones se podría atribuir, en parte, a algo que se echa de menos en toda la entrevista la palabra "empresa", siendo así que los temas de la redistribución salarial, de la creación de empleo y de la situación de la productividad son básicamente una función empresarial, que ha de ser estimulada y vigilada por la autoridad del Estado, a través de su Comisión de Asuntos Económicos.
Es cierto que "la economía y la sociedad han cambiado" y que las relaciones laborales que, aunque no lo advierte la Sra. Calviño, tienen su principal ámbito de realización en la actividad empresarial "deben adecuarse a la nueva realidad" pero la construcción de un entorno, que garantice salarios adecuados y empleo de calidad, según la ministra de Economía y Empresa, "es algo que tenemos que decidir en los próximos meses". Lo cual puede interpretarse como si esas decisiones fueran competencia exclusiva del Estado, olvidando que han de ser las empresas las que con responsabilidad han de adaptar sus estrategias a las nuevas circunstancias, por lo que sería un grave error atribuírselo al Estado, en la concepción del nuevo modelo económico.
Tampoco es del todo acertado que al hablar del crecimiento de la productividad solo se atienda a algo colateral, como son sus posibles consecuencias en la destrucción de empleo, cuando lo más importante de la productividad es que es el instrumento principal que tienen las empresas para poder ser competitivas en una economía globalizada y poder así mantener el adecuado nivel salarial creando, al mismo tiempo, nuevos empleos por el aumento de la demanda exterior e interior.
Otro factor que puede resultar ambiguo es afirmar que "sería prematuro hablar de medidas impositivas", al mismo tiempo que se declara "que las pensiones son un asunto fundamental", por lo que "tenemos que fijar un marco que permita garantizar pensiones dignas ahora y en 20 años" sin hacer la menor alusión a que en 2017 el déficit de la Seguridad Social alcanzó un volumen de 18.000 millones, y, por lo tanto, se ha de concretar cómo se podrán financiar esas pensiones dignas.
Confiemos, pues, en que al tener que operar en un entorno macroeconómico, que implica un conjunto de factores más numeroso y complejo que el que supone la mera gestión de un Presupuesto como el de la Unión Europea, [que es en lo que ha trabajado la Sra. Calviño los años previos a su elección para asumir las graves responsabilidades que tiene en el nuevo Gobierno de España], la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos caiga en la cuenta de que, precisamente, en la UE hay estructurado un modelo económico y social que permite, con una visión de conjunto, armonizar esos objetivos de crecimiento económico, creación de empleo y cohesión social. Todo ello sin poner en peligro ese compromiso de estabilidad presupuestaria que han de tener muy presente los países miembros que quieran contribuir a la consolidación del proyecto europeo.
