La gestión del riesgo fiscal es un tema de actualidad tanto para las autoridades como para los medios de comunicación y la propia ciudadanía, que ha empezado a cuestionar si las empresas son transparentes y están pagando lo que les corresponde.
Este interés creciente generalizado en asuntos fiscales, unido a la creación de nuevas leyes y exigencias internacionales centradas en la tributación empresarial, como BEPS, está provocando que la fiscalidad esté cada vez más presente en la agenda de los Comités de Dirección, Consejos de Administración y Juntas de Accionistas. Además de la opinión pública, la incertidumbre sobre cómo responderán los sistemas fiscales internacionales a la continua globalización de los negocios, la digitalización, las nuevas economías y cómo serán gravadas las empresas en un futuro es un factor que inquieta a las compañías, ya que existen enormes riesgos para ellas. Estos riesgos van desde sanciones y cargas financieras importantes y sobrevenidas hasta crisis comerciales y reputacionales, en las que incluso la propia continuidad de la empresa estaría en cuestión.
La realidad es que el potencial impacto del riesgo fiscal va mucho más allá del departamento fiscal. Las empresas se enfrentan a expectativas cada vez más complejas por parte de las autoridades fiscales y la mayor presión de cumplimiento sobre el área fiscal y sus políticas y procedimientos ponen a prueba tanto su eficiencia (ciclos de cierre más cortos, escasez de talento, gestión de costes, etc.) como su capacidad de control sobre los impuestos que afectan al negocio.
Una modificación de las reglas tributarias, una incorrecta interpretación de éstas o la ausencia de supervisión puede afectar a toda la estructura comercial y el modus operandi de una empresa. Por ello, desatender la función tributaria puede dar lugar a un riesgo estratégico importante, que podría mitigarse mediante un adecuado marco de control fiscal. En este contexto, se hace evidente la necesidad de las empresas de dotarse de un marco de gestión de los riesgos fiscales que haga posible identificarlos y gestionarlos de un modo sistemático y ordenado. Con ello, la toma de decisiones tendrá un mayor enfoque estratégico, asegura la eficiencia operativa y la creación de valor para la empresa.
La adopción de un marco de control fiscal es un fenómeno que incorpora principios comunes a la cultura empresarial anglosajona con indiscutibles beneficios. Sin embargo, su adopción todavía no es obligatoria en España, por lo que esta cuestión queda a menudo relegada a la lista de asuntos importantes, pero no prioritarios, en la gestión de la empresa. A pesar de que en nuestro país existe alguna tímida iniciativa, como el Código de Buenas Prácticas Tributarias impulsado por la Aeat, así como el proyecto de UNE (Asociación Española de Normalización) esperado para finales de año, resulta preocupante que, en otros países en los que la gestión de riesgos es un área más madura, las empresas punteras sí los tienen integrados en sus rutinas internas y, por consiguiente, son más competitivas también comercialmente, financieramente y en capacidad de generar valor al accionista.
Así, para no perder competitividad ni poner en peligro su rentabilidad, su continuidad ni valor, las empresas deben tomar conciencia de la importancia de gestionar el riesgo fiscal y hacerlo de manera diferente a la concepción tradicional imperante hasta ahora, en la que las cuestiones tributarias se consideran competencia exclusiva de los expertos fiscales en las empresas.
Esta visión de la gestión fiscal debe cambiar y no relegarse al nivel técnico, sino que debe involucrar esferas completamente estratégicas de la empresa, desde la alta dirección a la línea comercial, logística, operaciones, jurídica y financiera, a través de un marco sólido de buenas prácticas tributarias. La gestión de los riesgos fiscales pide una experiencia más amplia que el mero conocimiento técnico fiscal, ya de por sí riguroso, y alcanza a personas, procesos y sistemas. Las compañías líderes ya han dado ese paso. Además, los nuevos canales de información, la prensa digital y las redes sociales ejercen una fuerte influencia en la percepción pública de lo que debe entenderse por justa aportación al sostenimiento del gasto público.
Así, incluso para aquellas empresas en las que, hoy por hoy, la fiscalidad no debería suponer una inquietud apremiante, sí podría serlo en el futuro, y es a la primera línea ejecutiva a la que le corresponde la responsabilidad de estar preparada.
En este sentido, dado que la carga fiscal es la anotación de mayor impacto en el cálculo del resultado neto de la empresa ésta ocupa un lugar estratégico en la generación de valor y crecimiento del negocio. Al igual que sucede con cualquier otro riesgo estratégico, sea financiero, operativo o reputacional, el riesgo fiscal deberá abordarse con el mismo rigor y disciplina. Para ello es imprescindible que las empresas entiendan cuáles son los riesgos fiscales para su empresa hoy, y luego estudiar los retos emergentes que aparecerán en el futuro, los marcos de control y mitigación que se podrían implementar como resultado de dicho análisis y conocer cómo la fiscalidad afecta a su estrategia comercial y financiera en general.
De este modo, dotarse de un marco de gestión del riesgo fiscal logra una política fiscal comprometida con los objetivos de la empresa, respetuosa con la normativa, vigilante a la percepción social sobre responsabilidad corporativa y genera oportunidades que podrían no estar aprovechándose por la ausencia de procesos eficientes, útiles e integrados con la estrategia del negocio.