Opinión

Y aún queda la 'caja B'

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Imagen: EFE

La sentencia del caso Gürtel marcará un antes y un después en la legislatura y en el Gobierno. Mariano Rajoy sacó los Presupuestos con sangre, sudor y lágrimas. Todos pensamos que se ganaba así el apoyo para llegar al final de la legislatura, el tiempo suficiente para curar las heridas abiertas por la crisis y bajar la fiebre electoral por Ciudadanos. Pero ahora no está claro. 

La detención de Eduardo Zaplana y la sentencia de Gürtel ponen en cuestión toda la obra política y económica del presidente y dilapidan su credibilidad. Hasta sus correligionarios cuestionan que sea el candidato óptimo para las próximas elecciones.

Pedro Sánchez se apresuró a presentar una moción de censura que, en principio, tiene un corto recorrido. Albert Rivera se desmarcó tras comprobar que el líder socialista no se comprometía a convocar elecciones de manera inmediata, y está por ver qué apoyos logra entre los nacionalistas catalanes y vascos.

La precipitación de Sánchez le llevó a tomar su decisión sin consultar con sus barones, molestos con cualquier acercamiento al independentismo. ¿Qué les ofrecerá Sánchez para ganárselos? Poco o nada, sin causar un terremoto en su propio partido.

Rajoy se defiende con que la Gürtel no afecta a miembros del PP o del Gobierno en activo y, además, la sentencia aún no es firme. Lo que más preocupa en el PP es lo relativo al juicio sobre la caja B, que se debería abrir en los próximos meses. Durante muchos años, los altos cargos políticos percibían una parte de su remuneración en dinero negro. El veredicto prueba la existencia de esa caja B desde 1998 hasta 2008, cinco años después de que Rajoy accediera a la Secretaría General y dos después de que fuera designado presidente del partido.

Los empleados en la sede madrileña de la calle Génova cuentan que se repartían sobres con dinero negro al final de mes para complementar los sueldos provenientes de las mordidas cobradas a empresas por las contratas de obra pública. Álvaro Lapuerta y luego Luis Bárcenas, como tesoreros, fijaban las cuantías. Hasta las secretarias y los chóferes recibían una parte en B. Muchas rencillas dentro de las filas del partido provenían del irregular reparto de las cantidades.

Los complementos en B fueron una práctica habitual en empresas y organizaciones durante décadas. En el PP temen una cacería política en cuanto Rajoy deje La Moncloa y pierda el aforamiento. El presidente tiene un motivo más para aferrarse al cargo.

Desde los expresidentes andaluces, Chaves o Griñán, hasta Cifuentes, muchos políticos sufren un auténtico calvario en cuanto dejan su actividad. La política deja cadáveres en las cunetas, que de repente reviven con ánimo de venganza.

Los sucesivos Gobiernos desde Suárez han retrasado una puesta al día de los sueldos de los dirigentes políticos y de altos cargos de la Administración, porque popularmente no está bien visto. Es vergonzoso que los ministros, Rajoy incluido, obtengan menos de 100.000 euros de remuneración bruta anual.

Pablo Iglesias fue también hace unas semanas víctima de sus palabras. La compra del chalé de 600.000 euros no encaja en el perfil que construyó de sí mismo. Sin remuneraciones atractivas y con prejuicios sobre el estilo de vida no se podrán atraer buenos dirigentes a la Administración.

El otro gran asunto pendiente es la financiación de los partidos políticos. Paradójicamente, el Gobierno prohibió las donaciones, cuando es necesario permitirlas, pero dotándolas de la mayor transparencia posible. También hay que abordar el endurecimiento de las sanciones contra los políticos corruptos. Las multas son escasas y la posibilidad de emprender acciones penales cuando se sospeche de actos ilícitos es remota.

Escándalos como el de la Gürtel deberían poner sobre la mesa de nuevo el debate de la financiación política y la persecución de los corruptos. Rajoy aseguró en los micrófonos de la Cope que se trata de casos aislados, que ocurrieron hace mucho tiempo. ¿En qué han cambiado las cosas desde entonces?

El presidente recurre a su obra económica para salir del bache. Volverá a presumir de que evitó el rescate y de que puso las bases para meter en cintura el déficit público e impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Y es verdad. España logró en los últimos años tasas de crecimiento superiores al 3 por ciento, lo que permitió crear más de medio millón de empleos anuales.

Pero la recuperación aún no ha llegado a la gente de la calle. Los salarios siguen muy bajos y apenas dan para vivir en las capas bajas y medias de la población, la gran mayoría. Probablemente, se necesite otra legislatura para que el efecto sea visible en el bolsillo de los ciudadanos. Además, los dos próximos años la economía española puede experimentar un frenazo. La Comisión Europea avisó esta semana de que el próximo año será necesario un ajuste de 7.000 millones para mantener el objetivo de déficit. El alza del petróleo impulsará la inflación y, por ende, encarecerá la financiación de familias y empresas. El panorama se complica. Aunque Sánchez no logre sacar adelante su moción, si yo fuera Rajoy no lo fiaría todo a la economía. Sobre todo, considerando que la corrupción empaña todos sus éxitos y que seguirá deparando sobresaltos en el futuro.

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