2018 iba a ser un año tranquilo. Pero puede acabar torciéndose para el Gobierno. Puigdemont está empeñado en boicotear la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Está dispuesto a forzar la convocatoria de elecciones en Cataluña para ensanchar la mayoría de PDeCat dentro del bloque independentista, después de que los tribunales alemanes descartaran el delito de rebelión.
La caída de Cifuentes es solo cuestión de tiempo. Un caso visto para sentencia. Los profesores de Derecho de la Rey Juan Carlos aseguran que jamás vieron a la presidenta por sus aulas y que no hay prueba de que utilizara espacio público alguno de la Universidad para realizar su examen.
La presidenta del Tribunal que debería haberla examinado, Alicia López de los Mozos, manifestó que no se presentó a la prueba final y no reconoce el acta que le otorgaba una nota de 7,5. El responsable del máster, Enrique Álvarez, fue suspendido este viernes de sus funciones, después de admitir que las firmas del acta fueron reconstruidas (es decir, falsificadas), lo que puede ser constitutivo de delito penal.
Lo único extraño es que el rector Javier Ramos aún permanezca en su puesto, pese al daño irreparable en imagen que causó a la Universidad Rey Juan Carlos. Ramos ordenó a Álvarez reconstruir el acta con el aprobado para Cifuentes. ¿A qué esperan para destituirlo? Es imperdonable que haya alumnos de primera, que consiguen los títulos gracias a su influencia, y de segunda, mediante su esfuerzo y trabajo.
Cifuentes exige ahora la dimisión del secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), José Manuel Franco, que fue, además, quien registró la moción de censura contra la presidenta. Franco añadió a su currículum durante dos legislaturas una carrera en Matemáticas que jamas cursó. ¡Ya conocemos a los políticos! Pedro Sánchez debería echarlo. Si no, quedará desacreditado para defender la moción de censura en Madrid.
Pero al margen de la guerra del "y tú más" entre PP y PSOE, las explicaciones de Cifuentes no han convencido ni al propio Rajoy, que tuvo que salir a defenderla en vísperas del Congreso de Sevilla, y luego ha rectificado. El PP, antes de entregar la cabeza de la presidenta, forzará a Ciudadanos a retratarse con una moción junto a la izquierda, como hizo ya en Murcia.
Una estrategia equivocada, porque los electores cada vez valoran más la rapidez en tomar decisiones para eliminar de un plumazo a los políticos sospechosos de cometer irregularidades, y no la fidelidad a unas siglas políticas. Es, además, la única estrategia que puede salvar al PP de su declive en votos.
Otra de las jugadas económicas que no salió al Gobierno es la fusión de BBVA y Bankia. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, descartó esta semana en la Junta celebrada por la entidad en Valencia tal posibilidad: "Nunca nos hemos sentado con un colega español o extranjero a hablar de una fusión", sentenció Goiri, después de que unas semanas antes hubiera dicho al FT que la operación con BBVA era una "buena combinación".
La marcha de Luis de Guindos a Fráncfort para ejercer de vicepresidente del BCE enfrió definitivamente el proyecto. Guindos estaba empeñado en la unión de las dos entidades y considera que el más capacitado para llevar el timón es Goirigolzarri, a quien él nombró presidente de Bankia en contra de la opinión de Francisco González (FG).
El presidente del BBVA tuvo que firmar a regañadientes, a petición del ministro de Economía, la supresión de la cláusula de no competencia que Goiri tenía tras dejar el cargo de consejero delegado de BBVA, a finales de 2009. Para demostrar su enfado, González se negaría a suscribir la entrada de BBVA como socio de la Sareb, el banco malo impulsado por Guindos para rescatar los activos inmobiliarios de las antiguas cajas de ahorro.
La fusión permitiría crear el mayor banco del país por delante del Santander y CaixaBank y eliminar de un plumazo las incertidumbres sobre ambos. En el caso de Bankia, supondría un broche de oro a su proceso de privatización, después de incumplir la promesa de recuperar los 19.000 millones que le prestó el Estado para salvarla. Y en BBVA, alejaría el runrún permanente de una opa ante la falta de un accionista de referencia, la proximidad de la jubilación de su presidente y el bajo precio del título.
González anunció su intención de jubilarse en la junta de BBVA celebrada a principios de febrero, unas semanas antes de que Gorigolzarri elogiara la hipotética fusión en el Financial Times. Las fechas casaban. El presidente de BBVA se marcharía en octubre de 2019, unos meses antes de que acabe el plazo de Bankia para ser totalmente privada. Pero el tiempo jugó una mala pasada.
Para ejecutar su plan, Guindos necesitaba acelerar la privatización de Bankia, al objeto de que la Unión Europea no pusiera obstáculos para la fusión. Pidió al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), propietario de las acciones de Bankia, que colocará el 25 por ciento el año pasado y otro 25 por ciento éste, a fin de culminar 2019 con una participación pública mínima, que se hubiera diluido en la integración, por el menor tamaño de Bankia. Naturalmente, el calendario de colocaciones que se hizo público fue mucho menos ambicioso, casi la mitad del objetivo, para no perjudicar su cotización.
Pero la volatilidad del mercado redujo las ventas al sector privado a un escaso 7 por ciento, a finales del ejercicio pasado, por parte del Frob, por lo que el porcentaje público aún ronda el 60 por ciento. La alta participación oficial es una de los principales rémoras de la cotización de Bankia, que está muy baja a causa de la necesidad de sacar al mercado todo ese monto de papel antes de finales del año que viene. Los retrasos en la salida a bolsa no solo deprimen el valor, sino que dificultan cualquier fusión con un tercero, porque el mercado lo penalizaría y Europa pondría trabas y más aún con Guindos de vicepresidente del BCE.
El otro gran hándicap para la fusión fue FG. No está dispuesto bajo ningún concepto a ceder el bastón de mando a su antiguo consejero delegado, con el que terminó a tortas, entre acusaciones de complicidad por el intento de Sacyr de asaltar el banco azul.
Unos días después de anunciar su jubilación en la Junta de este año, incorporó al consejo a Jaime Caruana, su gran amigo y exgobernador del Banco de España. Caruana fue quien acudió a su llamada de socorro desde la institución de la Plaza de Cibeles y desbarató los alocados planes que albergaban el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, y el exministro de Industria, Miguel Sebastián, para absorber la entidad.
Aun en el hipotético caso de que FG cumpla con su promesa y se marche en la fecha anunciada, pocos dudan que su sucesor sería Caruana, uno de los chicos de Rato, muy alejado del estilo de banquero sobrio y centrado en el minorista que ejerce Goirigolzarri. Consciente de ello, y con Guindos a punto de ejercer otras funciones, esta semana en Valencia el presidente de Bankia, zanjó la operación con BBVA con un sonoro "jamas".
PD.-Quien logró salirse con la suya es Florentino Pérez. Está semana, la CNMV aprobó el folleto de la opa presentada conjuntamente con la italiana Atlantia para hacerse con Abertis. Pérez ha-bía limitado a diez años su unión con Atlantia y ahora abre la posibilidad de que la italiana pueda romper el matrimonio en cinco años y llevarse la sede de Abertis a su país, según el folleto. El grueso de las autopistas españolas de Abertis vencen de aquí a 2021, un año antes de que termine el plazo dado por Pérez a su socio. En el sector, se interpreta como otro mensaje velado al Gobierno: "Si no me las renuevas, Abertis se llevará la sede a Milán". Lo de la españolidad de Abertis es un pitorreo.
