La tradicional indecisión de Mariano Rajoy ha vuelto a reaparecer en el nombramiento del sucesor de Luis de Guindos. El aún ministro de Economía tenía pensado marcharse esta misma semana, una vez que fuera designado por el Ecofin, pero Rajoy ha pedido tiempo para pensar un digno heredero. Son muchas las voces a favor de aprovechar el momento para una remodelación en profundidad del Gabinete, con el fin de hacer frente a la caída del PP en los sondeos. Aunque su equipo de Moncloa sigue creyendo que se limitará a un simple cambio.
La mayoría de los candidatos se han ido cayendo de las quinielas en los últimos días. El economista Fernando Bécker, excompañero de pupitre de Rajoy en su tierna infancia y expresidente de Iberdrola España, hizo llegar hace unos días el mensaje a Moncloa de que no está interesado en el cargo. Así lo manifiesta por doquier él mismo. En el PSOE amenazan con montar una campaña contra su designación, parecida a la de Guindos. Bécker acaba de embolsarse alrededor de diez millones de indemnización por su salida de la compañía eléctrica.
En una situación parecida está el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, quien asegura que mientras su hermano sea ministro, él no aspira a ninguna cartera por una cuestión estética, pese a su gran capacidad técnica y su perfecto control del inglés.
El manejo de este idioma precisamente deja en la cuneta a otra de las aspirantes que más sonó esta semana en los mentideros políticos de la capital: Irene Garrido. La actual secretaria de Estado de Economía y número dos de Guindos era una candidata ideal por su condición de mujer y por conocer en profundidad los asuntos del Ministerio. La única pega es que su inglés no alcanza el nivel necesario para negociar en Europa.
De Román Escolano, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), se critica su escaso currículum para aspirar al cargo.
La candidata óptima, profunda conocedora de las negociaciones en Bruselas y, además, mujer, es la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Pero ello obligaría a acometer una reestructuración más amplia del Gabinete de Rajoy. Sus dos mayores objeciones son que es lega en temas económicos y bancarios y, sobre todo, que el presidente teme perder una ministra con gran prestigio en el ámbito rural, uno de los bastiones de voto del PP. En estas circunstancias, es comprensible que Rajoy haya pedido tiempo muerto antes de tomar una decisión.
Tempus fugit, como decía el poeta Virgilio en época de los romanos. El reloj corre para los Presupuestos. Cristóbal Montoro prepara un proyecto para presentar a finales de marzo, el plazo límite para buscar el visto bueno de sus socios de Ciudadanos y el PNV. Se trata de un intento, probablemente en vano, porque el PNV condiciona su apoyo al levantamiento de la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
¿Y de qué depende?: de que Puigdemont se eche a un lado. A comienzos de semana se daba por hecho que el expresidente dejará en unas semanas en manos de otro miembro de su partido la investidura del presidente de la Generalitat. Pero todo sigue en el aire.
Es como una pescadilla que se muerde la cola. Mientras que el 155 siga en vigor, no habrá Presupuestos, y la falta de éstos genera un bloqueo legislativo y condiciona los cambios de Rajoy. Por eso, Montoro empieza a seducir a los funcionarios con alzas salariales, ante la proximidad de las elecciones generales.
El presidente también tiene pendiente remodelar el PP en Cataluña y el nombramiento de un presidente del grupo parlamentario en sustitución de Xavier García Albiol. El político va de decepción en decepción. La última es la sentencia del Constitucional contra la obligación a subvencionar la enseñanza del castellano.
Con esta sentencia a las espaldas, sorprendió que el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, caracterizado por su prudencia, criticara la retirada de la obra Presos Políticos de Arco. Si el PP está en contra de calificar de presos político a los encarcelados por el procès, ¿cómo se explica la postura de Méndez de Vigo? La confusión es total. No me extraña la sangría de votos.
El presidente de Ifema, Clemente González Soler, cumplió con su deber al pedir que se descolgase la polémica obra, porque su mandato exige específicamente "la defensa de la imagen de Madrid y de España". De acuerdo que el artista tiene derecho a su libertad de expresión, como remarcó González Soler en su comunicado, pero el dinero público no está para difundir obras en defensa de terroristas, maltratadores o partidarios de romper la unidad de España.
La controvertida decisión de Arco fue aprovechada de inmediato por Tatxo Benet, que junto a su socio Jaume Roures son los gestores de la productora Mediapro para montar una campaña a favor de los presos políticos, a fin de reconquistar en el futuro la pantalla de TV3. La tele pública catalana acaba de retirar el programa más popular de Mediapro, Tarde Oberta. ¿Por qué ni las CUP ni Junts per Catalunya critican el oportunismo del empresario y miran para otro lado?
PD.-La operación empresarial de la semana fue la venta del 20 por ciento de Gas Natural por Repsol. Una desinversión redonda, aplaudida hasta por el presidente de la vendedora, Francisco Reynés. Repsol usará los casi 4.000 millones de caja para emprender una diversificación hacia el gas y las renovables. El team de Antonio Brufau-Josu Jon Imaz funciona como un reloj. Brufau, nombrado empresario del año por elEconomista, acertó al pasar el testigo a un ejecutivo antes de su marcha definitiva. Un movimiento parecido al de Fainé con Reynés, que ya destacamos. Ahora queda el desenlace de la opa de Abertis, en el que Atlantia tiene muchas papeletas de salir vencedora, después de que el Gobierno rebajara sus demandas a los italianos para no pejudicar el desembarco de Luis de Guindos en el BCE.
