La Audiencia Nacional ha imputado por un supuesto fraude a la cúpula de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (Once).
Por sí misma, la apertura de este proceso judicial no permite tomar partido sobre el problema ni llegar a una conclusión. Mientras no se demuestre lo contrario, la Once no es una agrupación cualquiera, sino una organización sólida con una trayectoria de servicio público de más de 65 años que se ha mostrado muy eficaz en el desarrollo de su labor de asistir a los ciegos.
Tiene 67.000 afiliados que no pagan cuota pero reciben servicios y ocupa a 100.000 trabajadores -el 0,54 por ciento del empleo total español-. De la importancia de su tarea es una muestra que sólo el año pasado creara 2.705 empleos y formara a 14.725 personas con discapacidad.
Las raíces entre la población de su producto estrella -el cupón- y lo que éste simboliza para la sociedad están fuera de toda duda. La Once tiene, y debe continuar teniendo, un crédito importante. ¿Hay alguna posibilidad de que exista el fraude que se está investigando? Eso es lo que tienen que aclarar los jueces hasta las últimas consecuencias.
Sobre todo, porque la acusación es grave -aunque provenga de un grupo de oposición interna al actual equipo de gobierno- y pone en cuestión la merecida reputación ganada por la Once durante años. En todo caso, la organización de los ciegos ha ido desarrollando una potente estructura de control de la gestión.
La elección de la cúpula es democrática, sus cuentas son transparentes y están revisadas por la Administración e incluso dispone de un reciente Código Ético de Conducta de Consejeros y Directivos para impedir las actuaciones fraudulentas. Si se ha cometido un fraude, que se castigue, pero que no manche a toda la organización. La Once debe seguir fuerte.
