A menos de una semana de las elecciones catalanas, el panorama que presentará el día posterior al 21 sigue sumido en incertidumbres.
El peor de los escenarios, un resurgir de la deriva secesionista que vuelva a desembocar en una declaración unilateral de independencia, no puede descartarse completamente. A ello contribuye, sobre todo, el desafío que ERC (el partido que probablemente recabe más escaños) se obstina en plantear otra vez, al dejar abierta la vía del unilateralismo.
Pero existe otro escenario posterior a las elecciones no tan extremo, pero cuyos posibles perjuicios no se deben minusvalorar. Todos los sondeos coinciden en que la mayoría absoluta (68 diputados) se presenta inalcanzable para todos los partidos, y resultará necesario, tanto en el bloque constitucionalista como en el secesionista, recurrir a alianzas de tres o incluso cuatro formaciones.
Será también decisiva la manera en que Catalunya en Comú quiera jugar con la abstención de los entre nueve y once diputados que las encuestas les otorgan.
En otras palabras, es probable que Cataluña se suma en la ingobernabilidad y se vea abocada a una nueva legislatura corta y turbulenta.
Esa situación no saldrá gratis para la economía. El procés ya ha causado perjuicios en Cataluña (huida de empresas, caída del consumo, debilidad del empleo...) e incluso restará una décima al crecimiento del PIB español en 2018, según el Banco de España. Pero todos esos daños pueden ir a más si la persistente incertidumbre obliga a congelar sine die los planes de inversión en Cataluña.
Para evitar tan peligrosa parálisis, resulta fundamental que puedan propiciarse pactos que permitan la llegada a la Generalitat de un Govern estable y comprometido con el respeto a la ley.
