Según los soberanistas, para llegar al mundo feliz de la independencia, los catalanes deberán pasar por todas las penalidades que haga falta y durante el tiempo que sea preciso. El empobrecimiento de Cataluña les da igual. Así es el nacionalismo radical. Además, siempre el culpable estará en el resto de España. Si las empresas se van, es porque el Gobierno hizo un decreto. Si la gente va al paro, es por el 155. Si los turistas no llegan, es por la violencia policial. De todo el desastre económico que han creado, jamás serán los culpables, sino unas víctimas.
Son unos maltratadores de Cataluña que viven del cuento, puesto que quienes han dirigido el nefasto procés no representan a la Cataluña industriosa, sino a una clase que succiona el presupuesto y que no sabe hacer otra cosa más que ocupar cargos públicos, eso sí, excelentemente remunerados a costa del FLA, es decir, del resto de los españoles, que con su sensatez han hecho posible que el Reino de España se financie a costes razonables y no pagando intereses de bono basura, calificación que merece la deuda emitida por la Generalitat. Pero de eso, también, tiene la culpa otro.
Son casi 3.000 empresas las que han trasladado su sede social y según los últimos datos publicados hace semanas más de 1.000 su domicilio fiscal, aunque actualmente serán muchas más. El traslado de domicilio fiscal entraña la reubicación de ciertas estructuras, como la alta dirección y las reuniones del Consejo, por ejemplo, puesto que sin actividad de dirección Hacienda no lo permite. La oportunidad de trasladarse de Cataluña ha supuesto un alivio para muchos directivos, hartos del pésimo clima social, de la imposición del catalán y del adoctrinamiento escolar. Así, el traslado no se hace solo para mejorar la imagen, la estabilidad financiera y evitar el posible boicot, sino que muestra el hartazgo de buena parte de los dirigentes económicos ante la situación política y social, muy asfixiante. Ante ese clima tan agresivo, el que puede se va, y así lo están haciendo.
Más risa dan las constantes referencias al franquismo. Desde el punto de vista económico, no pudo se más favorable a Cataluña en detrimento de otras zonas de España, pues contribuyó a fomentar la reindustrialización de la región tras la Guerra Civil, cuando bien podía haber llevado ese esfuerzo inversor a otras regiones, en unas décadas en las que el dirigismo económico era casi absoluto. Favorecidos por el Régimen, el nacionalismo quiere blanquear ese pasado colaboracionista y de privilegios en la dictadura con nuevas falacias, que, de nuevo, la ignorante masa popular del independentismo se apresta a creer. Es obvio que siempre ha habido una parte de la burguesía catalana, como en tantos sitios, dispuesta a dejarse comprar, antes por el franquismo y más recientemente a cambio de un 3 por ciento. Pero a todo eso hay que echarle tierra encima y que nadie sepa que fue el INI de Franco el que estableció Seat en la Zona Franca en 1953.
Porque el nacionalismo catalán siempre ha querido, y ha tenido, privilegios. Desde el arancel al textil de finales del siglo XIX hasta las inversiones del franquismo, Cataluña ha sido históricamente mimada por el Estado. Sin embargo, el catalanista siempre se ha considerado maltratado por tener que compartir parte de su riqueza. Es decir, la insolidaridad en grado sumo que repudia que Cataluña, como región rica que es, deba contribuir a la prosperidad de otras regiones menos favorecidas. Todo ello, además, adornado con manifestaciones xenófobas, que sitúan al catalán como un ser superior por sus virtudes, en contraposición con los defectos de carácter de otros españoles que, según ellos, viven a su costa. Un discurso supremacista que, curiosamente, comparten formaciones de izquierdas junto con la derecha catalanista más rancia. La independencia se configura a sus ojos como la mejor salida para evitar las transferencias de renta. Ignoran que buena parte de la riqueza de Cataluña es y ha sido por voluntad y gracias a su pertenencia a España.
Los independentistas quieren doblegar al resto de España y obtener nuevos privilegios, aunque ello conlleve turbulencias económicas, que han ido más allá de lo que pensaban. Si no fuera por su pertenencia a España, Cataluña estaría abocada a convertirse en una de las regiones más pobres de Europa. Solo con la remota posibilidad de que suceda, se ha desplomado el turismo, las empresas por miles están en un proceso de deslocalización, que se sabe cómo empieza, pero no cómo termina, y el consumo ha caído a niveles de la crisis. Sin embargo, los soberanistas siguen mintiendo y hacen creer que la independencia es un objetivo posible que hay que buscar.
Quizás, llegados a este punto, sería la única forma de que algunos pudieran volver a casa y librarse de sus responsabilidades penales, pero no parece igual de conveniente para el resto de los catalanes. En la práctica, el bienestar en Cataluña no les importa. Si hay más parados, más listas de espera, menos ayudas a la dependencia y peor educación, qué más da, porque lo importante, no se sabe para qué, es la independencia. Ellos dicen que no lo podemos entender, pero se entiende muy bien. Corrupción moral, económica y política. No hay más que entender.
