
¡Mano de santo! La restauración de la legalidad en la Generalitat de Cataluña ha producido una honda sensación de alivio. En las personas, en las instituciones y en los mercados.
En los dos últimos meses ha culminado el desafío del separatismo catalán al Estado de derecho y a la democracia española. Del 6 de septiembre al 27 de octubre se dictaron disposiciones ilegales de desconexión y transitoriedad jurídica, pasó el tradicional desfile del 11S, produjeron una performance denominada referéndum de autodeterminación, una huelga general, la declaración de independencia y la proclamación de una república catalana. El no va más, toda la carne en el asador, los delitos de rebelión, sedición, malversación y demás, todos consumados.
Por su parte, huyeron depósitos bancarios, se trasladaron las sedes de los bancos y de 2.000 grandes y medianas empresas que suponen el 60 por ciento del PIB catalán, el consumo de energía cayó el 0,5 por ciento, la ocupación hotelera se redujo un 20 por ciento y las reservas hasta fin de año un 60 por ciento, el comercio en la plaza de Cataluña cayó un 40 por ciento y en el conjunto catalán un 12 por ciento, el consumo total disminuyó un 7 por ciento. La incertidumbre ha sido máxima. El riesgo catalán incrementó la prima de los bonos y derrumbó la bolsa española.
El coste acumulado del desafío separatista ya es significativo: para Cataluña, desde 2005 hasta 2016 fueron -3,9 por ciento del PIB, y un gap con Madrid de -10,1 por ciento del PIB. El Banco de España, AiRef, el Ministerio de Economía y el de Hacienda, la Comisión Europea, andan evaluando el coste de la presente crisis: que puede zamparse todo el crecimiento de Cataluña en 2017, esto es otro -3 por ciento, -6 mil millones de euros. Para el resto de España, pueden ser otros -6.000 millones, esto es un total de -12.000 millones, el -1,2 por ciento del PIB.
Ante el caos político y la descomposición social y económica, los catalanes normales han respondido magnánimamente. La mayoría silenciosa de catalanes abarrotó la Vía Layetana y el Paseo de Gracia de Barcelona los domingos 8 y el 29 de octubre. Cada vez, más de un millón de personas apelaron al seny, entendimiento, respeto y concordia, y aseveraron "Tots som catalans!"
Ahora ya todos los objetivos separatistas han sido vendidos y ninguno ha sido alcanzado, naturalmente. Lo que ha acaecido en Cataluña es trágico, por la profundidad del ninguneo a la democracia. Pero también es esperanzador: los catalanes han recobrado la voz y recuperarán la convivencia. El separatismo catalán ha colapsado: se halla sin fines, sin líderes, sin relato alguno, sin ninguna legitimidad de tanto mentir y trapacear, ha perdido las calles y terminó su secuestro de la Generalitat.
La consumación de los gravísimos delitos separatistas llevó al Gobierno de España a aplicar el artículo 155 de la Constitución con objeto de restablecer la legalidad de las instituciones catalanas, administrar las competencias de la Generalitat conforme a la ley, y convocar elecciones catalanas el 21 de diciembre. La implementación del 155 ha sido inmaculada, sin ningún incidente, desacato o violencia. Al revés, el aliento ha vuelto a millones de catalanes. También, a pesar del encarcelamiento del cesado Gobierno golpista de la Generalitat, la bolsa ha recuperado en este noviembre las cotizaciones anteriores a octubre. ¡Vaya si es productiva la legalidad!
Es claro el beneficio del 155: ha sajado la incertidumbre política. Antes de su aplicación, surgió el interrogante del precio del 155. Hoy vemos sus inmediatos efectos positivos. Cabría preguntarse por el precio del no-155, es decir, de no haberlo aplicado antes. En efecto, la larga impunidad de los separatistas catalanes y los graves delitos que han cometido, han costado y costarán muy caro.
El 155, esto es, el funcionamiento institucional y las cercanas elecciones, debe ayudar a que esta crisis independentista sea sólo temporal. Conviene mucho minimizar el tiempo de inestabilidad de Cataluña y del conjunto de España. Debe evitarse que la crisis actual se perpetúe en recesión y decadencia. De ahí el interés enorme de las elecciones del próximo 21 de diciembre. Habrá una gran ganancia si vencen los constitucionalistas. Si las ganasen los separatistas, los catalanes, España y Europa pagarían un precio altísimo.