Lo dijimos hasta la saciedad, pero fue como predicar en el desierto: era necesario evitar cualquier altercado. La imagen exterior de Cataluña es ahora la de un lugar donde rige la ley de la selva, que el Gobierno de Puigdemont va imponiendo según le parece. Pero los cachorros de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) o de Omnium Cultural, que estos días se lanzaron a manifestarse contra los policías y guardias civiles, al grito de "Prensa española, manipuladora", no se lo creyeron.
La economía tiene sus reglas, las empresas y las inversiones necesitan estabilidad para crecer, como los bebés precisan coger el sueño por la noche para descansar. Estas reglas no figuran, por lo visto, en los manuales que entrega la kale borroka o la ANC a sus súbditos. Ahora va a resultar que los manipuladores son ellos y no la Prensa.
El gran susto, el primer baño de realidad, llegó esta semana de la mano de Sabadell y de CaixaBank, dos bancos centenarios catalanes, que sufrían desde hace un par de semanas una intensa huida de sus depositantes y de sus clientes. Ello forzó a anunciar el traslado de sus sedes fuera de la comunidad autónoma para calmar a los mercados y cortar radicalmente la salida de dinero.
Para colmo de males, las agencias de calificación, como Moody's o S&P, les advirtieron a mitad de semana de una degradación del rating de su deuda, lo que amenazaba con darles la puntilla y crear un problema financiero de envergadura en toda España.
Los dos bancos catalanes estaban obligadas a tomar esta medida para proteger los intereses de sus accionistas, empleados y depositantes, como advirtió en varias ocasiones el presidente del Sabadell, Josep Oliu. Si Puigdemont hubiera hecho una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), se habrían quedado sin el paraguas del Banco Central Europeo (BCE), encargado de suministrarles liquidez en caso de dificultades.
Imagínense que una de estas entidades se queda sin dinero momentáneamente para atender las demandas de fondos. ¿Qué institución catalana estaría en disposición de prestarles liquidez para pasar el bache?, ¿el Instituto Catalán de Finanzas, como sugirió Oriol Junqueras el jueves? Pero si sus recursos dependen del Estado español...
Las palabras de Junqueras, vicepresidente de la Generalitat y máxima autoridad económica, demuestra una gran ignorancia y una ingenuidad sonrojante.
Un problema parecido al de la banca lo tienen todas las empresas que venden sus productos fuera de Cataluña. La UE estaría obligada a aplicar inmediatamente los aranceles previstos para países terceros, con el agravante de que ni siquiera tienen firmado un convenio bilateral para rebajar estas tasas de manera recíproca.
El caso paradigmático es el de Seat, que exporta el 90 por ciento de todos los coches que produce en Martorell. Sus vehículos se encarecerían inmediatamente, lo que obligaría al grupo Volkswagen a trasladar su producción a otro lugar de España o del resto de Europa para evitar su quiebra.
El traslado de la sede fiscal tiene un impacto más simbólico que real, ya que el Impuesto de Sociedades da igual donde se pague, porque es recaudado por el Estado, excepto en Euskadi y Navarra, y luego repartido entre todos los territorios. Pero es obvio que marcó la senda a seguir por otras empresas. Una veintena de sociedades anunciaron este viernes su salida.
El caso de Quebec muestra que el daño es irreversible. La huida empezó por los dos grandes bancos, como en Cataluña, y hoy tiene solo un tercio de entidades con sede social en la región de las que había en 1978.
El temor a que la Declaración Unilateral de Independencia acelerara las fugas y provocara una crisis sin precedentes movilizó a todo el lobby empresarial del nacionalismo en contra de Puigdemont y su Govern. Los mismos que durante años jugaron con la ambigüedad y permitieron el desarrollo del referéndum ilegal con su silencio, se lanzaron a ejercer presiones de todo tipo contra los independentistas. "Estábamos asustados, temerosos de que nuestros negocios entraran en default, comprendimos que la situación se había ido de las manos", asegura uno de los empresarios implicados.
Las presiones consiguieron dividir a los independentistas en dos bandos, los partidarios de abandonar la DUI y sustituirla por la convocatoria de unas elecciones y los de seguir adelante con ella. Pero, finalmente, han desistido en su empeño de celebrar la votación en el Parlament para proclamarse luego independientes. Ese es el mensaje que transmitieron el viernes a la comunidad empresarial, que sigue expectante sobre los acontecimientos de la próxima semana.
Una prueba palmaria de este reconocimiento es que Artur Mas admitió el viernes que "la independencia real no es posible en Cataluña", después de que tras las presiones el propio Puigdemont retiró cualquier referencia a la DUI en su respuesta al Rey.
La promesa de los separatistas de poner freno a su locura es lo que evitó, en última instancia, que multinacionales como Seat, del grupo Volkswagen, Basf o Nissan hayan pospuesto sus decisiones a la espera de acontecimientos. También resulta llamativo que otras sociedades cotizadas como Abertis, Cellnex, Grifols o Colonial, guarden un espeso silencio sobre el asunto hasta conocer qué pasa con la DUI.
La falta de reconocimiento internacional, sobre todo europeo, al movimiento separatista abanderado por Puigdemont y Junqueras es otro de los grandes fiascos que convierten su sueño en imposible. El plan de Puigdemont es una inmensa chapuza, porque antes de declararse independiente debería haber dotado a Cataluña de las instituciones adecuadas y con la liquidez suficiente para aguantar el tirón.
Rajoy amenazó, entretanto, a Puigdemont con inhabilitarlo y mandarlo a prisión antes incluso de que declarase la independencia. Sus opciones eran aplicar el 155 de manera inmediata o recurrirlo ante el Constitucional y sentarse a esperar el éxodo de empresas que propiciaría un duro golpe a la economía catalana. El problema es que el resto de España sufriría también un traspié y la pérdida de sociedades. Muchas de las multinacionales se irían fuera, a otros países de la Unión Europea que ofrezcan mayores garantías de tranquilidad.
En el PP son partidarios de que la vigencia del 155, en caso de DUI, se prolongue varios años, para dar tiempo a acometer reformas de la financiación autonómica o del Estatut de autonomía que deberían haberse realizado antes de llegar a esta situación.
De acuerdo con las balanzas fiscales publicadas por Hacienda, Cataluña aporta al Estado unos 9.600 millones por recaudación de impuestos más de los que recibe, mientras que Andalucía es al revés, ingresa más de 8.000 millones de los que aporta. ¿Ven por qué ningún Gobierno se atrevió hasta ahora a abrir este melón?
Si se quiere respetar el sistema de Cupo vasco y navarro, cualquier reforma de la financiación autonómica pasa por restar recursos para Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura. Todas ellas gobernadas por socialistas y, además, se haría en vísperas de las elecciones autonómicas de 2019. ¡Uff! ¿Se atreve alguien a tocar este sistema?
Es necesario ajustar los ingresos fiscales de cada autonomía a sus gastos y acabar de una vez por todas con la infrafinanciacion del Arco Mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia) que es injusta, porque entre las tres representan el mayor polo de desarrollo de la economía española, muy superior incluso a Madrid.
Hay fórmulas para hacerlo, en elEconomista hace tiempo que proponemos abordar esta redistribución autonómica, con la cesión del cien por cien en la recaudación del IRPF, lo que elevaría los ingresos fiscales de las más ricas, en detrimento del resto. El Estado mantendría el control de la caja de la Seguridad Social y del IVA, para redistribuirlo entre todas, con un pequeño fondo de solidaridad para las menos desarrolladas.
Los cambios deben pactarse con otros grupos, incluidos los nacionalistas o Podemos. Por eso, resulta crucial contar con el apoyo del PSOE de Pedro Sánchez, que acaba de sorprender a todos con un propuesta de reprobación a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por la actuación policial de Cataluña. Sánchez quiere desmarcarse de Rajoy, pero en realidad tiene muy difícil hacerlo si quiere defender los recursos de Andalucía, su principal bastión.
Rajoy perdió la batalla de la imagen ante la comunidad internacional por las cargas policiales autorizadas por Zoido sin ningún sentido, pero mantiene aún la sartén de Cataluña por el mango. Lo que es incuestionable es que la solución, aunque sea para cambiar el actual marco legal, debe ceñirse al respeto de la Constitución. Pero ni Puigdemont ni Junqueras son interlocutores válidos, porque se han saltado las leyes o las modifican según su capricho. Los poderes del Estado no deben ceder a su chantaje ni someterse a la voluntad de dos presuntos delincuentes.
La mediación que solicita Puigdemont es inverosímil sin su salida de las instituciones catalanas y sin el abandono de su proyecto de DUI. Puigdemont presumía de que después del referéndum se marcharía a su casa: ahora tiene la oportunidad de cumplirlo. La fragmentación social y la división entre los catalanes es el resultado de sus actuaciones. Váyase, señor Puigdemont, para no seguir causando más daños.
