
Los medios de comunicación están recogiendo, en tiempo real, un nuevo conflicto entre el Gobierno y un colectivo concreto, como es en este caso el de los estibadores portuarios, sobre el que incluso se llegó a convocar una huelga inminente, que ha sido desconvocada "provisionalmente" en los últimos días.
Sin querer tomar partido por ninguno de los dos contendientes, sí es preciso tratar de exponer el contenido del enfrentamiento. Y como punto de partida, señalar que nos encontramos ante un conflicto generado como consecuencia de la intervención de la UE, siendo el Gobierno español un mero ejecutor de una decisión comunitaria, frente a un colectivo, los estibadores portuarios (que son las personas que cargan y descargan los contenedores que llegan a nuestros puertos), que pelea por defender la supervivencia de su status quo, frente al interés liberalizador que permita un libre acceso a dicha actividad.
La actual Ley de Puertos de Estado, el Real Decreto Legislativo 2/2011, establece que las actividades de estiba y desestiba (carga y descarga de los buques) sólo puede ser llevada a cabo por las entidades que operan los puertos a través del personal seleccionado, formado y gestionado por las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios, e inscrito en un "Registro de Estibadores". No es posible la entrada de personal ajeno a dichas Sociedades, existiendo acusaciones relativas a que sólo puede acceder a las mismas personas vinculadas familiarmente con estibadores.
Tanto la actividad como la existencia de las indicadas Sociedades han sido consideradas contrarias a la libertad de establecimiento recogida en el artículo 49 del Tratado de la Unión, por la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2014 (asunto C-576/13) por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A pesar de que el citado pronunciamiento tiene ya más de dos años de vida, la adecuación de la actual normativa española al mismo se ha venido demorando como consecuencia de la situación de indefinición política existente en nuestro país, así como por la falta de intención del Gobierno de poner el cascabel a una situación que determinaría el enfrentamiento con un colectivo que puede determinar, de facto, el control de un sector estratégico como es el transporte marítimo de mercancías. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el Gobierno español tiene que adecuar la normativa nacional al contenido de la indicada sentencia, lo que supone ineludiblemente que la regulación actual debe ser modificada y, por ello, ha preparado un Decreto Ley que determine la desaparición del monopolio de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios y del Registro de Estibadores. Mediante dicha norma, existiría libertad de creación de empresas de estiba y desestiba, las cuales cederían al personal necesario para la realización de dicha actividad, estableciéndose un período transitorio de garantía de estabilidad en el empleo de los actuales estibadores, exigiéndose en algunos casos una titulación mínima. El indicado proyecto de Decreto Ley no tiene entre sus funciones el entrar en la regulación concreta de los servicios de estiba y desestiba, pero el colectivo de estibadores teme que sus condiciones de trabajo puedan verse afectadas, lo que determina su oposición frontal al mismo. Aunque la intención del Ministerio de Fomento era negociar el contenido del indicado Decreto Ley, lo cierto es que no ha existido acuerdo con los estibadores y se ha convocado una huelga de la que se teme pueda suponer un desabastecimiento de los productos que acceden a nuestro país por vía marítima.
Según las propias fuentes del sector, el sueldo medio anual de un estibador alcanza los 68.000 euros anuales y conforme a los estudios de la consultora PwC, el coste de mano de obra de la estiba y desestiba supone más del 50% del coste de manipulación de las mercancías.
No es posible anticipar cuál será el resultado de este conflicto, y si éste se prolongará en el tiempo. Lo que sí es cierto es va a producirse la desaparición, aunque sea de manera parcial y progresiva, de uno de los pocos monopolios que existen. Ya sucedió con los controladores aéreos, está sucediendo con el sector del taxi, y ahora va a tener lugar respecto de los servicios de estiba y desestiba.