Para comprobar cómo el mundo cambia a velocidad de vértigo no hay más que echar un vistazo a los nuevos componentes del IPC. Las monodosis de café, la música por Internet ó el juego sustituyen al brandy o a los caducos CDs.
Si hace unos meses nadie daba un euro por el futuro político de Mariano Rajoy, este fin de semana será reelegido y aclamado como presidente del PP por casi la unanimidad de sus dirigentes. Como gallego, ha hecho del "quien aguanta gana" una filosofía de vida.
Todo lo contrario de lo que ocurre en Podemos. La división y las luchas intestinas agrietan sus filas y está acabando con la ilusión que despertó en el nacimiento. La rápida ascensión, seguido del frustrado asalto al poder por parte de Pablo Iglesias, acartona su buena imagen de antaño. El pulso con Íñigo Errejón por el liderato muestra también la oposición que sus planteamientos ideológicos obtienen entre sus seguidores.
Lo positivo es que Podemos y su ideología radical han dejado de preocupar a los inversores. El temor a una ruptura del euro o a que Donald Trump la emprenda en cualquier momento con sanciones comerciales contra algún país, sustituye a las inquietudes derivadas de la fragmentación política interna.
Igual ocurre con Cataluña, donde la huida hacia adelante de Puigdemont para mantenerse en el poder, gracias a un pacto con los radicales de las CUP, dinamita todos los apoyos en el mundo empresarial o directivo de la antigua CiU. El procesamiento y la posible de inhabilitación de Artur Mas y Francesc Homs abren la puerta a un adelanto electoral, en el que el líder de ERC, Oriol Junqueras, tiene casi todas las papeletas para alcanzar la presidencia de la Generalitat e inaugurar una etapa más dialogante con las instituciones del Estado.
El independentismo pierde fuerza, aunque a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría le costará tiempo aplacar a los defensores del derecho a decidir, que ocupan amplios sectores, desde la socialdemocracia hasta los seguidores de Colau o de Podemos.
Los problemas globales dejan insignificantes los desafíos de muchas fuerzas políticas. La mayor amenaza (aparentemente remota) es que Marine Le Pen gane la segunda vuelta de los próximos comicios. Si Francia sale del euro, como proclamó esta semana un portavoz de Le Pen, la moneda única tiene sus días contados, aunque Mario Draghi asegure que la divisa común es "indestructible". Nadie podía esperar que el presidente del BCE diga lo contrario.
Con este panorama exterior y la legislatura pendiente del candidato que salga de las primarias socialistas, el Gobierno adopta una actitud de "esperar y ver", también conocida como la técnica del avestruz, consistente en esconder la cabeza bajo las alas hasta que se aclare el temporal.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, no moverá un dedo para reabrir el melón de la reforma eléctrica, pese a la alarma social creada por la reciente subida de la luz. Parece que se concentrará en promover la digitalización, muy necesaria y mucho más lucida.
La ministra de Empleo, Fátima Bañez, está dedicada a vigilar que nadie toque la reforma del mercado laboral, creadora de millones de empleos. El debate sobre los cambios en el sistema de pensiones para blindar su futuro está, de momento, cerrado. Luis de Guindos aparca la polémica fusión de Bankia y BMN para concentrarse en ofrecer una solución popular a las cláusulas suelo.
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se refugia en sus cuarteles de invierno ante el vendaval de desprivatización de hospitales en las autonomías socialistas o su frustrada idea de incrementar el copago a las pensiones más altas. Y el titular de Hacienda, Cristobal Montoro, después de renunciar a mayores ajustes del gasto, pastorea las autonomías para alargar el debate sobre su financiación ó la aprobación del Presupuesto. Es lo que vulgarmente se conoce como "marear la perdiz". La falta de iniciativas legislativas del Gobierno para no soliviantar a la oposición es pasmosa.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, también tuvo que retroceder en su deseo de privatización de Aena o de algunas líneas de Renfe para volver a posturas más conciliadoras ante la dura batalla que se aprestar a librar con los estibadores. La UE obligó a liberalizar en 2014 la contratación de trabajadores portuarias y en 2016, adoptó las primeras sanciones contra España.
Ha llegado la hora de acabar con los privilegios de un colectivo de empleados públicos, bajo el férreo mando de un sindicato que controla desde las altas a la plantilla hasta el reparto del trabajo, al más puro estilo caciquil. Es paradójico que los estibadores cuenten con el apoyo del PSOE, cuyo voto es imprescindible para el trámite parlamentario. El conflicto obligará al Gobierno a abandonar su letargo político y pondrá a prueba su capacidad para resolver un problema social, que puede bloquear las exportaciones y frenar la economía.
