El sistema de pensiones está a punto de cerrar un año muy complicado. Es cierto que el crecimiento económico superior al 3%, ayudado por la reforma laboral, impulsó la recaudación por cotizaciones sociales en 2016, hasta el entorno de los 102.000 millones, la segunda mayor cifra registrada en la serie histórica.
Ahora bien, ese nivel es inferior en 15.000 millones a lo esperado en los Presupuestos de este año. Sin duda, influye en la desviación el hecho de que el mercado laboral aún está recuperándose y todavía genera un alto volumen de empleo temporal y a tiempo parcial. Pero, sobre todo, actúan factores estructurales como el alto envejecimiento de la población, causante de que, mientras los ingresos por cotizaciones crecen un 3,1%, el desembolso en pensiones lo haga por encima del 6%.
En este contexto, no puede extrañar que dos de las autonomías en las que dicho envejecimiento es muy intenso, Galicia y Castilla y León, sean incapaces de afrontar por sí solas este desembolso. En varias de sus provincias, la proporción de cotizantes por pensionista se derrumbó por debajo del 1,94 que se juzga sostenible. Ahora bien, ese problema, en mayor o menor medida, se manifiesta también en otras autonomías, lo que afianza la necesidad de proteger el sistema de caja única de la Seguridad Social, pese a que algunos Gobiernos, como la Generalitat catalana aboguen frívolamente por romperla.
Esa caja garantiza que los superávit de ciertas regiones con altos niveles de inmigración joven (como Baleares o Madrid) se empleen en garantizar los derechos de los pensionistas en territorios deficitarios. La realidad demográfica hace cada vez más necesario que un reparto de esta naturaleza se mantenga.
