Algunas personas adineradas están dispuestas a montar estructuras off shore para evitar pagar impuestos. Esto traducido a román paladino consiste en desviar la tributación de operaciones, los impuestos que hay que pagar, a paraísos fiscales. Cuando los ciudadanos corrientes tienen mayores dificultades para pagar sus impuestos, la mayoría de la sociedad se indigna. Si, como en el caso de Football Leaks, o en otros casos ligados a este deporte, nos encontramos como protagonistas a los cracks futbolísticos, esta indignación se torna en escándalo.
Aunque a algunos cracks del deporte quizás ahora no les guste, estos deportistas son un referente para muchos españoles, especialmente los más jóvenes. Por esa razón, todo su comportamiento social, incluyendo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tiene una mayor repercusión. Irónicamente, es precisamente el hecho de que sean una referencia social, lo que les permite cobrar enormes cantidades por sus "derechos de imagen".
Una de las primeras conclusiones de los escándalos fiscales relacionados con el fútbol es que los principales problemas se concentran en los impuestos que estas figuras del deporte deberían pagar, y parece que no lo hacen, sobre sus derechos de imagen. Una parte del problema se deriva de la cesión de estos derechos a sucesivas sociedades, normalmente controladas por el propio jugador o su familia. La sociedad que finalmente cobra estos derechos está sistemáticamente situada en un paraíso fiscal. La moraleja de este cuento es sencilla: algunos futbolistas, que encima obtienen estos ingresos de la admiración social que despiertan, apenas tributan por estas ganancias millonarias en un comportamiento insolidario y muy poco presentable.
En estos esquemas parecen estar implicados no sólo futbolistas, sino también entrenadores, agentes y despachos de abogados. Por esa razón, hasta la propia Comisión Europea ha llamado la atención sobre el grave problema del fraude fiscal en el fútbol. En esa línea, el grupo parlamentario Ciudadanos ha solicitado la comparecencia del director general de la Agencia Tributaria y del secretario de Estado de Hacienda. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha criticado estas peticiones y ha señalado que el director de la Agencia no debería comparecer, porque no podría hablar de expedientes concretos. Con independencia de que está muy bien que a las autoridades fiscales, incluyendo el Ministro, les preocupe cumplir con el sigilo tributario, hay temas que convendría que se explicasen, y alguien debería hacerlo.
En primer término, el Gobierno debería manifestar en sede parlamentaria, y sin ningún tipo de dudas, que todo el fraude fiscal, especialmente el más grave, sea o no en el mundo del fútbol, se persigue. Además, el Gobierno debería aclarar en qué situación está en España legalmente la tributación de los derechos de imagen. Además, el Gobierno debería responder, y replantearse en su caso, la efectividad de las medidas antifraude. Por ejemplo, la obtención de beneficios por sociedades controladas en paraísos fiscales debe tributar en bastantes casos en España. Esto se conoce como transparencia fiscal internacional y es un régimen que ha sido objeto de modificación en la última reforma fiscal de Montoro.
Para que esta tributación se produzca es importante que España no haya sacado al país correspondiente de la lista de paraísos fiscales. Que esto lo hayan hecho los Gobiernos del PP y el PSOE con algunos países que claramente no colaboran con España no sólo es criticable, sino que debería revertirse. También sería necesario que las sociedades españolas controladas por otras sociedades en paraísos fiscales sean transparentes y, en consecuencia, revelen sus propietarios finales. Estas cuestiones no sólo están contempladas en el punto 9 del acuerdo de investidura entre Ciudadanos y el PP, sino que son una exigencia de sentido común, al menos si se tiene un mínimo de voluntad para luchar contra el fraude fiscal más grave y dañino.
Sobre estas cuestiones, transparencia fiscal internacional, lista de paraísos fiscales y lucha contra la opacidad de las sociedades, entre otras, realicé ayer una batería de preguntas al Gobierno. No sólo es importante que el Ejecutivos dé explicaciones donde tiene que darlas, que es en el Congreso de los Diputados, sino también que se comprometa a arreglar los fallos del sistema fiscal que se han puesto de manifiesto en el caso de Football Leaks. Estos fallos se parecen bastante a los que algunas multinacionales están utilizando para pagar muy pocos impuestos en toda Europa. El fraude en el fútbol no es especial y, por tanto, no debería ser objeto de un trato especial, simplemente debería perseguirse como todo el fraude fiscal en cualquier sector.
Por esa razón, habría que aprovechar la información contenida en las Declaraciones de Bienes en el Extranjero, el famoso modelo 720. Si los bienes no figuran en esta declaración, el contribuyente, a diferencia de otros casos recientes, no puede ganar la prescripción. En consecuencia, ante un fraude importante en términos de millones de euros, y sobre todo que está provocando una enorme alarma social, el Gobierno del PP debería actuar. Un plan de control tributario sistemático sobre todos los implicados, jugadores, entrenadores, agentes y, sobre todo, colaboradores necesarios, no sólo es necesario, también es urgente. Desde Ciudadanos no entenderíamos que estas medidas no se tomasen y creemos que la mayoría de los españoles tampoco.
Francisco de la Torre es diputado de Ciudadanos y Presidende de la Comisión de Presupuestos del Congreso
