
En julio pasado, la Comisión Europa transigió en no imponer multa a España y a Portugal por su incumplimiento en el procedimiento de déficit público. Sin duda, el gobierno de España tuvo buenos padrinos y evitaron su sanción. Dícese que hasta el ministro alemán de Finanzas imploró a varios comisarios la adopción de esta posición. La no multa se presentó como un premio a España, para no perjudicar su mejoría económica, y como contrapartida a una reducción del déficit de 15.000 millones hasta fines de 2017, cuando quedaría en el 3,1% del PIB, que ahora vuelve a estar en entredicho a tenor de lo declarado en el Congreso de los Diputados por el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Esta implementación denominada inteligente de las sanciones por incumplimiento del procedimiento acordado de déficit fiscal puso muy contentos a los contrarios a las normas y a la austeridad. Es general la satisfacción por esta proeza y por la inteligencia superior alcanzada. Evidentemente, tras esta lección, no hay ninguna duda que España seguirá siendo inteligente y que tampoco cumplirá con la nueva reducción del déficit acordada. Los manuales de finanzas llaman a esto riesgo moral. No importa si alguna vez hubo reglas ni cuentan los altos merecimientos de España y de Portugal en incumplirlas. Esta no sanción socavó el interés, la razón, el motivo, la ética, la estética y todo lo demás que se quiera para que alguien cumpla regla alguna en la Unión Europea (UE).
Como las actuales regiones de España y las viejas repúblicas bananeras, los gobiernos de la UE cumplen la norma que desean cuando lo desean. Para eso son gobierno, para eso tienen poder de veto, para eso son miembros de la UE. En Europa, los gobiernos de los Estados Miembros (EM) pueden estar más allá de la ley europea. No en balde, el poder legislativo de la UE lo ostenta ¡el Consejo de Ministros!
El perjuicio de este comportamiento para el club es obvio. El daño a la credibilidad y capacidad de la UE de esta no sanción a España y Portugal será no menor. Falsamente, se pudo decir que España gana. Pero esta victoria del gobierno español en funciones será pírrica para la UE y para España. En efecto, con esta rotura de las reglas, Europa pierde mucho y por tanto España perderá más.
Ésta de ahora es la segunda muerte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 2003 se perdonó a Alemania y a Francia. Sin duda, sin aquel primer espectacular desistimiento no habría habido esta actual renuncia clamorosa. Mas, lo grave de este incidente es que confirma la eutanasia de la gobernanza de la política económica de los EM, coordinación obligada por el mercado común y la política monetaria única.
Tras ésta que se ha llamado segunda muerte del Pacto de Estabilidad, acaso convendrá abandonarlo. Efectivamente, puede deshacerse el camino andado y suprimir las reglas y el procedimiento de déficit público. Entonces, sin reglas comunes ¡ni rescates!, los Estados podrían legítimamente tener cuanto déficit público desearan? y los mercados les permitieran.
La comunidad de reglas permite la solidaridad. Abandonar el Pacto de Estabilidad es abandonarse a los mercados, quedar a su albur. Y a fe que éstos harán su función muchísimo mejor a como lo hace actualmente la UE. Éste es un dilema típico: simultáneamente, un país no puede incumplir las reglas comunes y que los demás socios paguen su factura. Lo inquietante de este incidente de no sanción a España y a Portugal es, pues, su impacto sobre la credibilidad de la política económica europea. La vigencia del sistema europeo de gobierno multinivel está en cuestión. Por lo demás, y de un modo asaz concreto, esta renuncia a la colaboración en la gobernanza económica de la UE afectará negativamente al rating de la deuda de los EM de la eurozona, de la deuda corporativa y los valores europeos.
Se ha dicho que este perdón a España expresaría una Comisión Europea más política, como la desea su presidente Juncker. Si así fuera, esto tendría un alto significado, siendo así que la Comisión tiene una función estabilizadora clave entre las instituciones de la UE. En la tradición europea, algunos (por ejemplo, muchos franceses, otrora jacobinos) creen en la primacía de la política, prefieren el intergubernamentalismo. El acuerdo directo entre EM sería la expresión superior de la democracia y debería preservarse, para balancear la integración y la globalización. En verdad, es lo contrario: la democracia es sujeción a las leyes, en primer lugar, de los políticos y de las instituciones, también de las europeas.
La politización es mortal para el sistema europeo de gobierno multinivel: convierte las competencias traspasadas a la UE en objeto del juego político nacional. Habida cuenta de la dinámica partidista nacional, cuando los temas de la UE se politizan, se pasa de un juego a 27 (antes 28), de suyo ya muy complicado, a un juego imposible a 54 ó más.
Como en el caso de la sanción a España, la politización de la toma de decisiones abona el campo para el populismo nacionalista, anti-europeo, insolidario y desintegrador.
La renuncia a las reglas comunitarias de déficit público tendrá consecuencias significativas. A corto y medio plazo, los mercados descontarán negativamente este perdón de España y la dejación del Pacto de Estabilidad y de la gobernanza económica europea. A medio y largo plazo, el daño lo sufrirán las instituciones y los ciudadanos europeos.
Si la UE es un ancla para la democracia y el progreso, carece de sentido socavar la confianza en esta última utopía que llamamos Europa.