La construcción fue uno de los sectores que más sufrió en España como consecuencia de la crisis. Al impacto de la disminución generalizada de la actividad, fruto de dos recesiones, se añadió la casi completa parálisis en la licitación de obra pública, necesaria para embridar las cuentas de las Administraciones.
Con todo, las constructoras de nuestro país supieron reaccionar. Además de acometer un profundo saneamiento interno, optaron por una ambiciosa estrategia de internacionalización, cuyos resultados son ahora patentes. No en vano enseñas como Ferrovial, Técnicas Reunidas, o Sacyr facturan conjuntamente en el exterior 53.300 millones, lo que implica que son las segundas del mundo en volumen de proyectos fuera de su país de origen. Solamente las firmas chinas pueden rebasarlas, impulsadas por el afán de Pekín de ganar proyección internacional mediante macroproyectos como la nueva Ruta de la Seda. En esta aventura, sin duda, nuestras enseñas han logrado prestigio, pero la apuesta también tuvo sus costes, y la cotización de estas firmas en bolsa lo ha acusado. Operar en países ajenos a la OCDE entraña sus riesgos, ya que las condiciones administrativas y de seguridad jurídica están muy por debajo de los estándares occidentales y no son pocas las firmas que han visto anulados arbitrariamente sus proyectos. A ello se une la realidad indudable, de que igualar los resultados que obtenían en España es misión imposible, pues los márgenes son muy inferiores y la capacidad de influencia de las empresas mucho más reducida. Fue, por tanto, una internacionalización obligada que el sector se verá forzado a mantener ya que la licitación aún cae en España un 20 por ciento.
