Se ha iniciado el deshielo en la relación entre el Gobierno de Rajoy y la Generalitat de Cataluña tras la nefasta etapa de Artur Mas. Pero es un deshielo como el de los glaciares, con los gigantescos bloques congelados presidiendo la reunión. Es un deshielo sobre el hielo. Tardaremos años en ver un verdadero fin de las hostilidades. El diálogo que han iniciado el presidente en funciones y el nuevo honorable Carles Puigdemont está condicionado y no es pleno. Se abre una nueva fase, pero tiene mucho de las posiciones inasumibles que tenía la anterior.
La salida del anterior presidente catalán ha desbloqueado al menos el puente aéreo. Y con ello, ha permitido que desde Madrid la intentona separatista sea vista de forma sensiblemente distinta, aunque en esencia los independentistas sigan en el mismo camino hacia el abismo. No hay más que recordar que a Puigdemont le sostienen un gobierno conjunto con ERC apoyado por las CUP y un Parlament presidido por alguien que tensó hasta el límite a la sociedad catalana desde la ANC. Una sopa de siglas que va a cumplir el próximo otoño cuatro años de delirio ilegal y al borde del golpe institucional.
El inmovilista Rajoy está dispuesto a mantenerse firme en cuestiones políticas, pero sigue estando abierto a ser más flexible en temas económicos, a mejorar el sistema de financiación de Cataluña y del resto de comunidades. Cualquier cosa que se haga para esta región española debe ser equidistante con las decisiones que se tomen para el resto, salvo el caso peculiar y sangrante de Navarra y País Vasco con sus regímenes forales privilegiados. Otra cosa sería inconstitucional e inaceptable.
El presidente catalán ha venido a Moncloa con un nuevo documento que amplía al doble los 23 puntos que hace dos años exigió Mas a Rajoy. Pasan a ser 46 reivindicaciones elaboradas por la vía de la denuncia de incumplimientos sobre compromisos supuestamente adquiridos por el Gobierno. Algunas de esas propuestas son negociables y asumibles. Otras, bajo ningún punto de vista legal. Las leyes son flexibles para algunas cosas pero no para lo fundamental que es la unidad territorial de España. Algo que la Constitución permite cuestionar y tratar de alterar, pero contando con la opinión y la decisión de todos los ciudadanos españoles y no sólo los de una parte.
La clave de esta apresurada reunión es que Puigdemont ha accedido a venir a Madrid por la necesidad imperiosa de Cataluña de captar fondos urgentemente para sus maltrechas arcas independentistas. La consulta que vuelven a exigir Convergencia y Esquerra es ahora vinculante cuando antes no lo era, pero sigue siendo el McGuffin que utilizan los secesionistas para esconder lo que quieren: más dinero. Y no aceptarán que se les incluya en una reforma común del modelo de financiación que pondría fin al embrollo que el gobierno de Zapatero primero, y la inacción de Rajoy después, han provocado en las cuentas de las Comunidades Autónomas.
Entidades
Mariano Rajoy Brey
Expresidente del Gobierno