Si echa un ligero vistazo a la lista de titulares de cuentas en Panamá (Vladimir Putin, David Cameron, Mauricio Macri) se puede entender por qué es tan difícil erradicar los paraísos fiscales. Las grandes fortunas y los hombres más poderosos buscan cómo minimizar su factura fiscal. Hasta ahí nada que reprochar. El problema viene cuando ese dinero, aunque sea obtenido de manera lícita, se transfiere a otro país para eludir el pago de los tributos en el lugar de origen.
En ese caso se genera un "incremento patrimonial no justificado", penalizado en la mayoría de las jurisdicciones. En el argot de los inspectores de Hacienda, este delito se conoce como blanqueo de capitales, porque ese dinero que sale del circuito oficial se "lava" para volver a él de manera legal.
Panamá es uno de los paraísos donde por una módica cantidad inferior a los 2.000 dólares se puede crear una sociedad de forma rápida, protegiendo la identidad tanto del propietario como del capital. Pese a ello, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quitó a la pequeña república centroamericana de la lista de paraísos fiscales.
En 2010, el Gobierno español firmó un convenio de doble imposición para dejar de considerarlo como paraíso fiscal, que entró en vigor un año después y que, paradójicamente, no incluye el intercambio de información automática entre los dos países ni, por supuesto, la posibilidad de solicitar información sobre una firma sospechosa de blanqueo, lo que se conoce como phising trips.
El promotor del desaguisado fue el anterior presidente de Sacyr, Luis del Rivero, quien tras fracasar en el asalto al fortín de Francisco González en el BBVA con la colaboración del exministro de Industria, Miguel Sebastián, convenció al Gobierno para allanarle el camino para la concesión del Canal de Panamá. Un regalo envenenado para Sacyr y con daños colaterales para todos los españoles. Tampoco estuvo a la altura la OCDE, que borró a Panamá de su lista negra.
El Gobierno panameño promete colaboración con las autoridades que lo soliciten. Una mentira piadosa para aplacar los ánimos en su contra. En la inmensa mayoría de los casos no tiene acceso más que a los meros datos numéricos de las cuentas, ya que el dinero se deposita en alguna de las islas vírgenes cercanas al istmo, libres de gravámenes. Además, el secreto bancario es uno de los principios sagrados recogidos en su Constitución, lo que les inhabilita para dar información al respecto.
La persecución del blanqueo está en manos de cada país. En Estados Unidos es un delito penado con hasta diez años de prisión, lo que desanima a sus ciudadanos a cometerlo.
En España tiene carácter de delito fiscal todo fraude superior a los 120.000 euros. Pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso en marcha a comienzo de la legislatura una amnistía fiscal, una especie de atajo para los presuntos defraudadores a fin de escapar de las garras del fisco.
La información facilitada por el Grupo de Investigación sobre los papeles pone de manifiesto que varios españoles con cuentas en Panamá regularizaron su situación a través de la amnistía fiscal. La familia Escarrer, dueña del grupo Meliá, los Pujol, así como Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos. lo han reconocido.
Da la impresión de que Montoro benefició a un grupo escogido de fortunas a los que, además de la rebaja fiscal consistente en abonar sólo el 3 por ciento del patrimonio repatriado, se les garantizó el secreto de su identidad y de la procedencia del dinero, sin investigar si fue obtenido de forma legal.
No se entiende que Rodrigo Rato u Oleguer Pujol se enfrenten a sendos procesos judiciales por presuntos delitos fiscales, mientras que otros personajes implicados en la Gürtel o en la Púnica se vayan de rositas. ¿Qué criterio se sigue para juzgar a unos sí y a otros no?
El futuro Gobierno debería adoptar una actitud más firme contra el blanqueo de capitales. Los avances en la interconexión de los procesos informáticos, así como la supresión del secreto bancario en países como Suiza, facilita la persecución del fraude. Además, un total de 132 países se han adherido ya al acuerdo de intercambio de información automática ,que entrará en vigor en 2018 para poder cruzar datos de cuentas y seguir los movimientos de capitales.
elEconomista estima que Hacienda dejará de ingresar más de 15.000 millones de euros, como resultado de sumar las sanciones, equivalentes al 150 por ciento del patrimonio repatriado, más el abono de los impuestos atrasados y los intereses de demora de los 40.000 millones aflorados en la amnistía. Después de una legislatura, en la que se han cargado contra el contribuyente 42.000 millones del rescate de las cajas de ahorro, así como un alza de impuestos para afrontar el déficit, resulta bochornoso que se dejen escapar miles de millones de recaudación por fraude.
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