Por mucho que pasen los días y las semanas con el actual marasmo político, por mucho que consideremos olvidado el argumento por manido y manoseado, los españoles asistimos en este momento de nuestra historia democrática a la mayor anomalía que puede producirse en cualquier país occidental.
Ya digo que los analistas han dejado de comentarlo porque suena aburrido insistir en ello tanto como lo hace su principal protagonista, pero por su gravedad y por su carácter excluyente conviene no dejarlo caer al menos mientras no tengamos en España un gobierno estable. El principal partido de la izquierda española, segundo más votado en las recientes elecciones generales, se niega a dialogar, siquiera a cruzar una palabra con el principal partido de la derecha, ganador de los comicios, en una situación de bloqueo institucional que dura ya casi cuatro meses.
Por decisión del líder del PSOE y de sus principales dirigentes colaboradores, el PP es un partido deslegitimado para poder aspirar a cualquier diálogo con el resto de fuerzas políticas, y debe ser considerado como fuera del sistema democrático. Una decisión que Pedro Sánchez, César Luena, Antonio Hernando, Oscar López y otros han adoptado esgrimiendo las causas judiciales en las que el partido conservador está inmerso, por el comportamiento delictivo y deleznable de muchos de sus representantes en territorios como Valencia, Madrid o la propia sede central en la calle Génova.
Con el mismo argumento, garantista y exigente al máximo de la limpieza en la vida pública, el señor Sánchez no debería haberse reunido con Carles Puigdemont, actualmente el máximo representante institucional de una Convergencia Democrática que es el partido con el caso más grave de corrupción jamás visto en este país. Con idéntica postura maximalista respecto a la legitimidad de los demás para ser interlocutores válidos, Sánchez no se habría reunido en secreto con Oriol Junqueras, el máximo representante institucional de ERC, partido que pretende destruir el proyecto común de millones de ciudadanos integrados en la nación que llamamos España.
Y todavía más allá, con ese mismo prurito límpido y virginal, el señor Sánchez no debería estar explorando un acuerdo para llegar al gobierno con ningún partido sobre el que pese la sospecha de haber sido financiado en sus orígenes por gobiernos extranjeros, escasamente democráticos para más señas.
El cordón antidemocrático que Sánchez ha urdido en torno al PP, sólo o en compañía de otros, le ha permitido asegurar en varias ocasiones que es una formación degenerada que sólo en la oposición expiará sus culpas y podrá regenerarse de acuerdo con el libro de estilo del nuevo líder socialista. Los tribunales, la policía y los fiscales siguen investigando el alcance de la corrupción anidada en el seno del partido que ha gobernado en España desde 2011, que es mucha y absolutamente condenable, pero el PSOE ya ha dictado sentencia.
Ese mismo cordón profiláctico que deslegitima a la formación política más votada hace solo tres meses ha permitido que se apruebe en el Congreso la derogación inocua de alguna de las leyes aprobadas en la legislatura anterior, también considerada como degenerada y repudiable por el hecho de que en ella ostentó el gobierno Mariano Rajoy. Es la costumbre que, en este caso, debemos hacer extensible aunque en menor medida al PP: lapidar todo lo que ha ocurrido mientras yo no he gobernado, como si los representantes de la soberanía popular en los años de gobierno del adversario no fueran legítimos.
El presidente extremeño Fernández Vara ha sido el primer socialista que lo ha dicho ante la opinión pública: "Es inaudito que Sánchez no se haya reunido con Rajoy". Pero ha quedado en un titular de pequeño tamaño escondido en página par.
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