Bajo la atenta mirada de Carlos III, una de las obras de arte que guarda en su despacho, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presumía hace meses de que los hombres de negro ya no merodean por allí, como si fueran los dueños del universo. El cumplimiento de las metas de déficit y el flamante crecimiento económico han alejado a esta especie de cuervos humanos del cadavérico aspecto que presentaba España en tiempos de Zapatero.
También insistía en que desde Europa no se entiende el enorme poder que acaparan las comunidades autónomas, lo que nos convierte en un país singular. Sin embargo, se jactaba de poder controlar prácticamente cada céntimo que se gastan las autonomías y de que si éstas se desmandaban, el Estado mantiene la sartén por el mango, porque puede cortarles la financiación.
Lo sorprendente es que, con esos superpoderes, permaneciera impasible mientras nada menos que catorce gobiernos regionales se saltaran a la torera el déficit, sin aplicarles la regla de gasto. Me constan fuertes presiones políticas por parte de Moncloa para evitar un choque frontal con gobernantes como el de Cataluña, en vísperas electorales.
Montoro maneja un arma de doble filo, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que ha servido para pagar a los proveedores y abaratar los costes de emisión de deuda, sin el que la inmensa mayoría de las autonomías no pueden subsistir. Pero los gobiernos tienen el mando de la opinión pública, debido al control de las televisiones y radios regionales, así como de la prensa local. Y aunque el diálogo esté roto, el mensaje es conocido: si me fastidias, te monto una campaña que te hundo. ¡Bienvenidos a la alta política!
La mayoría de las regiones con graves problemas de déficit (Valencia, Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha) estuvieron gobernados hasta mayo por el PP. Sus nuevos regidores, bajo la égida de PSOE y Podemos, echan la culpa a la herencia recibida.
Montoro no convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera para supervisarlas desde julio de 2015, y sólo Cataluña presentó el Plan Económico y Financiero (PEF) exigido a los incumplidores para arreglar las cosas, aunque tampoco sirvió de mucho. Nadie se explica por qué Hacienda permaneció en Babia tanto tiempo, pese a las advertencias del presidente de la Autoridad Fiscal Independiente, José Luis Escribá, de la Unión Europea y de algunos medios como elEconomista.
Me consta, además, la sorpresa que se llevaron en Hacienda con Aragón y Extremadura. Una de estas autonomías tenía previsto hace solo un mes cerrar el ejercicio dentro del objetivo. Primero llamó para advertir que iban a duplicarlo, y luego que, finalmente, más que se triplicaría el desfase de sus cuentas.
¿Por qué no se aplicó la Ley de Estabilidad, que tiene previstos mecanismos de alerta temprana y normas sancionadoras para evitar el despilfarro? Hacienda se defiende con que temía un recurso en el Constitucional que pudiera tumbar la Ley y reforzar el poder autonómico, como ocurrió con la vivienda. Ya sabemos la fiabilidad de las leyes que se aprueban o su interpretación por los jueces. Lo que desconocíamos es que hasta el Gobierno es un descreído de la Justicia. Es impresentable que las autonomías tengan que incurrir en gastos excesivos por 10.000 millones para poder recibir una reprimenda, con total seguridad jurídica. Si hubiera sido una empresa, estaría en la quiebra.
También sorprende que Montoro haya vuelto a engañar al presidente, que hace solo unos días manifestó que el déficit público cerraría en el 4,5 por ciento. No es la primera vez. Como recordarán, en su discurso de investidura, Rajoy prometió no subir los impuestos y unos meses más tarde tuvo que desdecirse. ¿Cómo queda ahora el discurso sobre la brillante gestión económica del PP para atraer a sus electores?, ¿y los reproches al PSOE por haber heredado un déficit mucho mayor del anunciado?
Después de cinco años de Gobierno, volvemos a la casilla de salida. El Ejecutivo de Rajoy engañó a la opinión pública, como hizo Zapatero, al que criticaba, y deja una situación complicada. Su sucesor tendrá que reducir el desajuste en 23.000 millones para alcanzar los objetivos pactados con la UE. Algo que conducirá ineludiblemente a una subida de los impuestos y frenará la economía.
El problema de fondo es sobre la sostenibilidad del modelo económico. ¿Si con un crecimiento del 3,2 por ciento en 2015 sólo se redujo el déficit en cinco décimas, cómo se va a atajar este problema en los próximos años, en los que se crecerá a menor ritmo?
Montoro culpa de casi todo a las autonomías. Éstas tuvieron 10.000 millones de déficit mayor del previsto, pero otros 6.000 millones son de la Seguridad Social, que está en manos del Gobierno. En el futuro, habrá que replantearse todo para garantizar las pensiones, empezando por la financiación autonómica. La política de Rajoy está en la picota.
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