Quiero empezar felicitando a elEconomista por su décimo aniversario y aprovechar la ocasión que me brinda para destacar las transformaciones que ha tenido España en los últimos años, así como los principales retos de futuro en el ámbito de la industria. Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy adoptó medidas en muy diversos ámbitos para hacer frente a la crisis económica más importante que ha tenido nuestro país en muchas décadas, para mejorar nuestra competitividad internacional, para aumentar la financiación empresarial y también para cambiar el modelo productivo aumentando el peso de la industria en la economía española. Consulte el especial 10º Aniversario de elEconomista.es
Hay que tener en cuenta que durante muchos años la economía española había perdido competitividad, había abandonado la disciplina fiscal -en 2011 su déficit era superior al 9 por ciento-, el sistema financiero era un foco de incertidumbre y se estaba produciendo la mayor destrucción de empleo jamás registrada en nuestro país. Se puso en práctica una política económica de claro corte y matiz reformista basada en la consecución de la necesaria estabilidad macroeconómica sobre la base de un fuerte proceso de consolidación fiscal y en unas reformas estructurales para ganar competitividad. Se trataba de contar con unas sólidas bases macroeconómicas sobre las que desarrollar una industria sólida y competitiva, que impulsase la recuperación de la economía y la creación de empleo.
El Gobierno adoptó medidas de apoyo a la competitividad de nuestra industria y para la reindustrialización; medidas de apoyo a la financiación no bancaria, con el objetivo de conseguir una industria menos dependiente del crédito bancario; medidas de apoyo a sectores concretos de la industria, que actúan como motores de la economía en su conjunto (sectores tractores), como el sector de la automoción, el sector naval o el aeroespacial; y una agenda de fortalecimiento del sector industrial, con medidas transversales para apoyar e impulsar la industria española. Las medidas tomadas han permitido reconducir una situación y ya están dando sus frutos.
De hecho, en un panorama internacional de creciente incertidumbre, todos los organismos internacionales señalan que España es un caso de éxito de las reformas. Gracias a la moderación salarial y las reformas estructurales nuestro país ha sido capaz de generar un círculo virtuoso de mayor competitividad, más exportaciones, mayor crecimiento económico, más empleo y mayor demanda interna.
El sector industrial ha tenido un papel importante en este proceso. Los últimos datos disponibles muestran una tendencia positiva desde finales de 2013 en todos sus indicadores, de producción, empleo y de utilización de la capacidad productiva, entre otros. Para ser un país industrialmente competitivo es imprescindible contar con un sector energético eficiente. La política energética del Gobierno durante las dos legislaturas socialistas desde 2004 hasta 2011 había resultado en un déficit insostenible del sistema eléctrico, en un incipiente déficit en el sector gasista y en unos crecientes precios de la electricidad, con la consiguiente penalización para los consumidores domésticos y empresas. España se convirtió en el tercer país con la electricidad más cara de toda la UE al tiempo que la deuda acumulada en el sistema eléctrico lo llevaba a la quiebra técnica.
La reforma del sector energético ha conseguido acabar con el déficit del sistema eléctrico, ajustando todos los costes y estableciendo mecanismos que evitan que se vuelvan a producir desequilibrios en el futuro. Se ha devuelto la estabilidad económica y financiera, tras 14 años de generación de déficits; los precios se han estabilizado e incluso han comenzado a descender según datos del INE; los consumidores tienen un mayor poder de decisión y puedan gestionar su consumo de manera más eficiente.
Además, tras la reforma, el Gobierno ha seguido apostando por las energías renovables. De hecho, el peso de éstas en el mix de generación supera ya el 40 por ciento y estamos cumpliendo con todos nuestros objetivos fijados para 2020.
En definitiva, la reforma del sector energético llevada a cabo en la legislatura ha fijado las bases de una política energética que impulsa la eficiencia en costes y en recursos, que lucha contra el cambio climático y que permite a España adaptarse a los nuevos retos tecnológicos que puedan surgir en el futuro.
La digitalización de la economía es uno de los factores clave para aumentar el peso de la industria en nuestra economía. Por ello se aprobó la Agenda Digital para España, en el marco de la europea, con acciones destinadas a promocionar la extensión de la banda ancha ultrarápida, mejorar los servicios a los ciudadanos y reforzar la seguridad. De los grandes países europeos, España ha sido el que más inversión ha realizado en banda ancha y redes de última generación y que lleva camino de tener las mejores redes de ultrarápidas de alta capacidad (fibra y móvil) de Europa, lo que nos confiere una ventaja competitiva esencial en la nueva economía digital.
Por todo ello el Gobierno ayuda a la industria española a acometer el proceso de transformación digital que está cambiando todo a un ritmo exponencial que en ocasiones supera a la propia capacidad de asimilación por parte de personas, empresas y administraciones.
Hoy la industria tiene mayor peso en la economía del que tenía hace ahora cuatro años, aunque es preciso que aún crezca más. España es un país que, en apenas cuatro años, ha pasado de enfrentarse a una de las más profundas crisis económica e industrial de su historia reciente, a sentar una sólidas bases para tener éxito ante los retos que suponen avanzar hacia una economía basada en la innovación y el desarrollo tecnológico, así como la nueva revolución.
