Somos un país de 46 millones de habitantes. La cuarta economía de la zona euro y la decimotercera del mundo. Tenemos un gran mercado interior, una buena posición geográfica, un idioma que hablan más de 400 millones de personas en todo el mundo, un clima, riqueza cultural y natural que hace que más de 60 millones de personas nos visiten cada año. Consulte el especial 10º Aniversario de elEconomista.es
Tenemos grandes fortalezas, el World Economic Forum nos coloca entre los diez países con mejor calidad de infraestructuras. Nuestra tasa de población joven con estudios universitarios es superior a la media europea y contamos con empresas que han conquistado los mercados de la economía global con éxito. Con estas condiciones de partida no podemos asumir como una maldición del destino soportar tasas de paro de dos dígitos, llegar a los niveles de desigualdad más altos de Europa o asumir que nuestros científicos tengan que cruzar las fronteras para tener oportunidad de desarrollar su capacidad investigadora.
España puede ser un país que compita sin complejos con las economías más avanzadas de Europa en crecimiento económico y cohesión social, pero para ello necesita la implicación de un gobierno que lidere reformas necesarias para afrontar los retos del país.
Muchos de esos retos son comunes a los de las economías avanzadas, como el envejecimiento de la población y su impacto en las sostenibilidad de las fianzas públicas. Para ello será necesario alcanzar dentro del seno del pacto de Toledo un acuerdo que garantice la suficiencia de las pensiones públicas en la que habrá que abordar, inevitablemente, la contribución adicional de ingresos tributarios para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social. Y tenemos retos propios de nuestro sistema productivo. Es necesario asumir como reto de país el incremento de tamaño medio empresarial de las empresas.
Son las empresas de tamaño medio y grande las más productivas, las más internacionalizadas, las que invierten más en innovación y las que generan empleo de más calidad. Para ello el nuevo gobierno de progreso debe elevar los umbrales en el plano impositivo y contable para incentivar el incremento de tamaño empresarial, combatir la morosidad empresarial que ahoga financieramente a las pymes y reformaremos la ley de unidad de mercado, avanzando decididamente en la armonización de las licencias y permisos dentro del país.
Necesitamos empresas más grandes y empresas con más capacidad de innovación. Es necesario incrementar significativamente, la inversión pública en I+D, plantear un nuevo programa de estímulo de la cooperación público-privada en investigación industrial o dirigir la actuación de los poderes públicos hacia la transferencia de tecnología y generar círculos virtuosos de crecimiento sostenible y creación de empleo de alta calidad.
Hay sectores que, por su capacidad de crecimiento potencial y por su aportación a una sociedad más justa y sostenible, merecen ser apoyados con determinación por los gobiernos mediante programas de compra pública innovadora. Estamos hablando de sectores como el de los contenidos digitales educativos, las tecnologías sanitarias y de envejecimiento y las relacionadas con la eficiencia energética.
Nuestro reto es establecer un marco propicio para que se desarrollen actividades económicas, que además de ser un buen negocio para las empresas, lo sean para el país en su conjunto. España necesita reformas institucionales en su economía, reformas para que las empresas compitan en igualdad de condiciones. Es necesario en particular revisar la regulación de sectores donde haya una gran concentración empresarial -sectores estratégicos, como el eléctrico, el de hidrocarburos o el de telecomunicaciones- para favorecer la entrada de nuevos competidores, mejora el servicio y los precios al consumidor.
La ineficacia del sistema judicial, con graves deficiencias estructurales, organizativas, procesales y presupuestarias, tiene consecuencias muy negativas para los ciudadanos, los trabajadores y las empresas. Reformar la justicia y dotarla de medios para que sea más ágil también es un reto que el nuevo gobierno debe abordar.
Es necesario reescribir las reglas de juego y reforzar la competencia empresarial, las normas laborales, la buena gestión de las empresas y la protección de los derechos de los consumidores. Es imprescindible reforzar la cualificación de nuestro capital humano y la capacidad de innovar. Y por supuesto necesitamos un estado de bienestar sólido, que haga frente a nuevos desafíos que el sistema actual no ha sido capaz de dar respuesta, como el incremento exponencial de la pobreza infantil o la situación de desamparo de parados mayores y de larga duración a los que las actuales políticas activas de empleo no le dan solución.
Son muchos los cambios que abordar, muchos los retos que asumir. Es tiempo de generosidad y seriedad. De proponer soluciones. De evaluar lo hecho hasta el momento y mantener lo que funciona y cambiar lo que ha fallado. Tiempos de diálogo y de acompañar las grandes palabras de la política, con pequeñas acciones de políticas públicas para poner a nuestro país en el lugar que se merece. Juntos podemos hacerlo.
