Es muy posible que la noticia salte hoy a los medios internacionales de una u otra forma. La portavoz de un gobierno, tan importante como el de la capital de España y una de las ciudades más importantes de Europa, es la acusada en una vista oral que se celebra en el juzgado de lo Penal número 6, por hechos relacionados con el odio anticatólico y la coacción a quienes libremente profesan una creencia religiosa.
Según la fiscalía puede haber cometido un delito contra los sentimientos religiosos, tipificado en el artículo 524 del Código Penal y que puede ser castigado con una pena de seis meses a un año de cárcel o una multa de cuatro a diez meses. Los diarios europeos, americanos o asiáticos que se hagan eco de este hecho explicarán a sus lectores que, después de contestar a las acusaciones, la portavoz se marchará a su despacho para seguir ocupándose de los asuntos municipales, con el ánimo de acertar en sus decisiones que afectan a millones de personas, católicos y no católicos, creyentes y ateos, agnósticos y consagrados.
Las pruebas son evidentes: Rita Maestre estuvo en el asalto y tuvo un papel activo y de liderazgo en los hechos ocurridos en la capilla del destrozado y arruinado Campus de Somosaguas de la Complutense. Pero ella ha contestado en la vista como lo haría una colegiala tratando de escudarse en el "yo no he sido", a la que han pillado en una gamberrada que, antes o después, se olvidará y no tendrá mayores consecuencias. Allí ha estado tratando de gesticular torpemente, intentando hacer creer que se encontró de golpe con otras personas que se dirigían nadie sabe donde, y que milagrosamente aparecieron en una capilla cristiana increpando a los fieles presentes. El tribunal decidirá la consideración de los hechos y sus consecuencias penales.
Pero el duro juez de la vida pública, de la exigencia de que no haya tachadura en los actos de quienes administran nuestros bienes públicos, ya ha dictado sentencia. Sin ir más lejos, con el código ético de Ahora Madrid, la coalición de partidos y asociaciones en cuyas listas fue elegida concejal, y que lleva meses siendo incumplido por el equipo de gobierno por este caso de la capilla. El código dice que ser imputado por un delito contra los Derechos Humanos (la Carta de la Declaración Universal, en su artículo 19, dice que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión es uno de los Derechos Fundamentales del hombre) es motivo de abandono inmediato del cargo. Ítem más.
El pacto con el que PSOE y Ciudadanos dicen estar cerca de un acuerdo para que Pedro Sánchez se someta a la investidura con algún apoyo más que los exiguos 90 diputados de su partido, recoge el cese inmediato de cualquier cargo público que sea juzgado. Por cualquier motivo. Maestre y Podemos creen que no es una imputación por corrupción política y es por tanto aceptable, que hay imputaciones buenas y malas, como hay escraches buenos y malos también, dependiendo de quien los sufra.
No se trata de que Rita pague de por vida sus pecados de intolerante juventud, sino de que asuma sus responsabilidades mientras ocupe un puesto institucional. Ella es una chica normal, estudiante, inquieta cultural e intelectualmente, a la que desde las aulas se inoculó el rechazo visceral al que piensa diferente a ella. Desde el activismo igualmente visceral ha llegado al poder político aprovechando el momento de desintegración que sufre nuestro país.
Pero no representa a una generación, la suya, que lucha desde la diversidad de pensamiento y la tolerancia por mejorar cada día en un entorno laboral y social completamente hostil hacia ellos. Los jóvenes españoles de la edad de Rita son en su mayoría ejemplares.
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Carmena respalda a Rita Maestre