El mes pasado, el Gobierno de Mauricio Macri, el recientemente electo presidente argentino, lanzó un plan audaz para revitalizar una economía herida y atormentada, aquejada por un alto nivel de inflación. En un momento de condiciones de crisis desalentadoras, no deberíamos subestimar la importancia de este paso no sólo para Argentina, sino también para otros países, cuyos líderes buscan atentamente pistas sobre cómo lidiar con sus propias aflicciones económicas.
Por culpa de años de mala gestión, la economía de Argentina ha tenido un mal desempeño desde hace décadas. Los Gobiernos anteriores evitaron hacer elecciones difíciles en materia de políticas y complicaron cuestiones fundamentales implementando controles ineficientes que distribuyeron recursos de manera extremadamente errónea y minaron la capacidad de generar las ganancias de divisas necesarias para cubrir su factura por importaciones, lo que generó pobreza. La reciente caída de los precios de las materias primas ha exacerbado la situación, mermando el poco dinamismo de crecimiento que había dejado la economía y, a la vez, alimentando la inflación, profundizando la escasez y propagando la inseguridad económica y la inestabilidad financiera.
En teoría, los Gobiernos en este tipo de situaciones tienen cinco opciones básicas para contener las condiciones de crisis, a la espera de que los efectos de las medidas revigoricen el crecimiento: Dilapidar las reservas financieras y la riqueza que se acumularon cuando a la economía iba mejor, endeudarse con acreedores extranjeros y domésticos, recortar el gasto público de manera directa, a la vez que se crean incentivos para inducir un menor gasto del sector privado, generar ingresos a través de impuestos y tarifas más elevados, y ganar más en el exterior, y utilizar el mecanismo de precios para acelerar los ajustes en toda la economía, así como en las interacciones comerciales y financieras con otros países.
Mediante un diseño y una secuencia cuidadosos, estas cinco medidas pueden ayudar no sólo a lidiar con los problemas económicos y financieros inmediatos, sino también a crear las condiciones para un mayor crecimiento, una creación de empleo y una estabilidad financiera en el más largo plazo. De esta manera, pueden contener la propagación de las penurias económicas entre la población, proteger a los segmentos más vulnerables y poner a las generaciones futuras en una mejor posición.
En la práctica, sin embargo, los Gobiernos suelen enfrentar complicaciones que minan la implementación efectiva de estas medidas. Si los responsables de las políticas no son cuidadosos, hay dos problemas, en particular, que pueden potenciarse mutuamente y, llegado el caso, empujar a la economía al precipicio.
El primer problema surge cuando existen factores específicos, reales o percibidos, que bloquean algunas opciones del menú de ajuste. Algunas medidas tal vez ya se hayan agotado: al país quizá no le queden reservas ni riqueza a las cuales echar mano y puede haber una escasez de prestadores con ganas de prestar. Otras medidas, como el ajuste fiscal, se deben implementar con sumo cuidado, para evitar torpedear el objetivo de crecimiento.
El segundo problema es la elección del momento oportuno. Los Gobiernos deben esforzarse en asegurar que las medidas entren en vigor en la secuencia correcta. Una implementación efectiva requiere entender las características esenciales de las interacciones económicas y financieras, incluyendo no sólo los efectos de retroalimentación sino también los aspectos conductuales de las respuestas del sector privado. Y todo esto se debe hacer de manera íntimamente coordinada con la implementación de reformas del lado de la oferta que prometan un crecimiento robusto, duradero e inclusivo.
Aquí es donde la estrategia del Gobierno de Macri es una excepción histórica. Macri asumió la Presidencia con un estallido, lanzando un plan audaz -y altamente arriesgado- que coloca en el centro de la escena una liberalización de precios agresiva y la eliminación de controles cuantitativos, previo a las cinco medidas que se relacionan con la gestión de la demanda y la asistencia financiera. Se eliminaron la mayoría de los impuestos a las exportaciones y los controles cambiarios, se recortaron los impuestos a las ganancias y se liberó el tipo de cambio, lo que permitió una depreciación inmediata del peso del 30 por ciento.
Históricamente, pocos Gobiernos han implementado este tipo de secuencia, mucho menos con semejante fervor. Por cierto, la mayoría de los Ejecutivos dudaron, especialmente en lo que concierne a una liberalización plena de la moneda. Cuando los Gobiernos tomaron medidas similares, normalmente lo hicieron después de -o por lo menos junto con- la provisión de inyecciones financieras y esfuerzos por restringir la demanda.
La razón es clara: al tomarse tiempo para preparar la escena para la liberalización, los Gobiernos esperaban limitar el salto inicial de la inflación de precios, evitando así una espiral de los precios salariales y frenando una fuga de capital. Temían que, de surgir estos problemas, echarían por tierra las medidas de reforma y erosionarían el respaldo público necesario para seguir adelante.
Para reanimar la economía argentina de una manera duradera e inclusiva, Macri necesita actuar con celeridad para movilizar una asistencia financiera externa considerable, generar recursos domésticos adicionales e implementar reformas estructurales profundas. Si lo hace, la estrategia económica audaz de la Argentina se convertirá en un modelo para otros países, tanto ahora como en el futuro. Pero si la estrategia fracasa -ya sea por una secuencia incorrecta o porque crece la insatisfacción popular- otros países dudarán aún más a la hora de levantar los controles y liberalizar plenamente sus monedas. La confusión política resultante sería mala para todos.
