Los atentados de hace una semana en París han provocado una profunda consternación que no debe impedir, sin embargo, la ponderación sosegada de sus posibles efectos en el corto y medio plazo, con objeto de minizarlos. En el plano económico, conviene resaltar que los mercados han sabido evitar todo pánico.
Es una reacción razonable: la larga y dolorosa convivencia de Occidente con esta amenaza enseña que, siempre que sus zarpazos se reduzcan a un mínimo incontrolable de acciones aisladas, resulta posible dominar la incertidumbre y evitar daños en la inversión o en el consumo. Sin embargo, nadie puede negar que el Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) supone un salto cualitativo en el terrorismo.
Lejos de limitar su organización a comandos clandestinos, controla un territorio entre Irak y Siria con población y recursos que le permiten acumular 1,9 billones de euros en activos económicos e ingresar al año casi 3.000 millones.
Mientras la comunidad internacional busca una manera de estrangular esos recursos, los Estados europeos, los más amenazados, no pueden paralizarse ante una organización criminal de esta envergadura. Por ello, las grandes economías del Viejo Continente, entre las que está España, han iniciado ya un incremento de su gasto público en Defensa que se situará, en su conjunto, en el entorno de los 8.200 millones.
Se trata de un cuantioso desembolso que se iniciará en un momento en el que los Estados de la UE están lejos de haber equilibrado sus cifras de déficit público. La consolidación fiscal, por tanto, aún es una prioridad, pero Bruselas tampoco debe olvidar que el mayor gasto responde a las necesidades de defensa ante una situación excepcional.