
E l ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha resucitado las divisiones internas del partido en el Gobierno en vísperas de las elecciones. Hay un sector del PP atemorizado porque los sondeos muestran un estancamiento de la intención de voto y que vaticina un hundimiento en el último momento. "El problema es el candidato", remarcan. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cae mal. Carece de gancho y su gestión, si exceptuamos el acierto de no pedir el rescate de la economía española, no es valorada por la gente de a pie.
Montoro forma parte de ese grupo disidente. Siente, como la mayoría de los que ejercen cargos públicos, que nadie le agradece la gestión hecha en los últimos años en los que salvó a España del abismo. Y no le falta razón.
Heredó un déficit público superior al 11 por ciento y lo va a dejar con un desequilibrio próximo al 4 por ciento, pero con la senda marcada para rebajar el listón del 3 por ciento, la meta marcada por Bruselas.
Ya sé que la Comisión Europea acaba de alertar de una posible desviación del objetivo de déficit para este ejercicio, pero sólo se trata de unas décimas, y el Gobierno cree que lo puede evitar.
El gran problema está en las autonomías. Cuatro de ellas (Cataluña, Valencia, Murcia y Extremadura) llevan una gestión heterodoxa que amenaza con descarrilar los objetivos de los próximos años. Es una de las asig- naturas para el próximo Gobierno: reformar la financiación autonómica y, probablemente, el marco constitucional.
Antes de llegar a la intervención de sus cuentas públicas, Montoro debería de haber advertido públicamente a varios gobiernos regionales de sus desviaciones, como hace la Unión Europea con España, o abrirles un expediente por déficit excesivo, como está recogido en la Ley De Estabilidad Presupuestaria.
El coste político de enfrentarse a los Gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura, además de a Cataluña, pesó más que las decisiones económicas. Asimismo, los Ejecutivos del PP en Baleares, Castilla La Mancha y Aragón tiraron la casa por la ventana en los meses anteriores a los comicios para intentar su reelección.
Montoro miró para otro lado ante el desmán autonómico del PP. Pero aún así los barones defenestrados echan la culpa de su caída a los ajustes y la subida de impuestos decidida por Hacienda. Una falacia para autojustificarse y esconder su pésima gestión.
La otra materia pendiente que deja el ministro de Hacienda es el déficit de la Seguridad Social, que vaciará la caja de las pensiones en 2018. Cada año crece, en lugar de menguar. Se aproxima al 1 por ciento del PIB debido a los nuevos contratos y las tarifas planas introducidas por la ministra de Empleo, Fátima Bañez, para crear empleo que aporta cotizaciones muy bajas.
El problema se resolvería si las pensiones de viudedad y orfandad pasaran a depender del Presupuesto. Una tarea que debería abordarse en la próxima legislatura, una vez que el déficit público caiga por debajo del 3 por ciento.
Otro asunto que lo saca de sus casillas son las críticas por el tratamiento dado al exvicepresidente Rodrigo Rato, su mentor político. Montoro presumía en la entrevista de El Mundo de no deber nada, de estar limpio de polvo y paja y de haber sido siempre un gestor pulcro y correcto. Eso es cierto, pero también lo es que jamás hubiera llegado donde está si cuando ejercía en el Instituto de Estudios Económicos (IEE), Rato y Aznar no le hubieran ofrecido la Secretaría de Estado de Economía o la cartera de Hacienda.
Cuando en 2012 anunció la amnistía fiscal, Rato fue a verlo a su despacho cercano a la Puerta del Sol para consultarle qué le parecía si se acogía a ella para legalizar la fortuna que su padre sacó fuera de España.
Montoro lo animó a hacerlo y le prometió confidencialidad eterna. Pocos meses después, Rato apareció ante los focos de las cámaras de televisión siendo introducido en un coche policial, como si fuera un delincuente común.
Sin entrar a juzgar la conducta del exvicepresidente, todos en el PP consideran que el show de su detención en directo fue un grave error, porque esa imagen perjudica los intereses electorales del PP.
¿Fue Montoro consciente de lo que hacía? O, ¿actuó en connivencia con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aspirante a suceder a Rajoy? Él asegura que no podía impedir que se cumpliera la Ley, aunque es infrecuente ver a presuntos defraudadores detenidos en la puerta de su casa.
El hartazgo del político, consciente de que su papel de ministro de Hacienda en uno de los momentos más delicados de la historia de España ha quemado su imagen; las diferencias con el titular de Economía, Luis de Guindos, mucho más cercano a Rajoy que él, o las críticas que recibe desde las grandes empresas, a las que subió los impuestos para salvar el país, le han hecho tirar la toalla. Con 65 años recién cumplidos, está agotado como ministro, aunque le gustaría seguir de diputado.
En el PP se le sitúa como un hombre próximo a Sáenz de Santamaría e incluso se le acusa de formar parte de un complot para derribar a Rajoy antes de las generales. Sus enfrentamientos verbales con algunos ministros del núcleo duro del presidente, como el titular de Exteriores, José Manuel García Margallo, avalan esta tesis.
Si Rajoy tuviera que inmolarse como presidente para lograr un pacto de Gobierno con Ciudadanos, como tuvo que hacer el expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, otro nombre que suena con fuerza es el de Alberto Núñez Feijóo. El presidente gallego acaba de anunciar una rebaja de impuestos gracias a su buena gestión del déficit, un guiño electoral para los gallegos, que no pasará desapercibido en el resto de España.
Con su política puesta en cuestión por su antecesor, José María Aznar; el partido hecho unos zorros y sus propios mosqueteros acribillándolo a críticas, Rajoy está entre la espada y la pared. Los populares tienen motivos para preocuparse. Lo único que ofrece cierta tranquilidad es el ascenso de Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, está aglutinando el voto descontento tanto del PP como del PSOE que antes se iba a Podemos. Si Rajoy no despierta, será Rivera quien decida si el futuro Gobierno cae del lado del PSOE o del PP.