El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) recomienda por unanimidad rechazar el presupuesto de 2014 del Gobierno de Dilma Rousseff. El TCU dictamina que el Ejecutivo manipuló sus cuentas el año pasado. Se cometieron una serie de maniobras fiscales sospechosas; apodadas "pedaleadas". Objetivo de la irregularidad: ocultar un creciente déficit fiscal que ha mantenido a los mercados locales bajo presión. Método: retrasar el pago de fondos para programas sociales que recibían los bancos públicos. El Gobierno no restituía el dinero a los bancos hasta mucho después por lo que esos gastos no aparecían de inmediato en las cuentas oficiales.
De nada valió que las mismas maniobras fueran realizadas por los dos gobiernos anteriores. Ni Fernando Henrique Cardoso, ni Lula da Silva cumplieron la legislación de responsabilidad fiscal. Dilma ha diseñado un equipo con mayor presencia de ministros del aliado Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) para asegurarse su lealtad. No le servirá de mucho pues los miembros de esa formación se muestran díscolos y no se subordinan a las prioridades del Ejecutivo. Muchos están abiertos a negociar con el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, del ex candidato Aécio Neves, derrotado por escaso margen en las presidenciales de 2014. La decisión del TCU es solo una recomendación al Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, es el encargado de aceptar o rechazar una eventual petición de impeachment. Advierte que las próximas batallas en el Congreso tomarán tiempo mas al tener algunas solicitudes civiles sobre las que debe decidir podría precipitar los acontecimientos. Recuérdese que Cunha está acusado de beneficiarse del esquema de corrupción en Petrobras y podría utilizar un juicio político contra la presidenta para desviar la atención de las denuncias en su contra. Si hay proceso de destitución, la decisión debe ser aprobada por lo menos por dos tercios de los diputados.
Se suma al revés judicial en el TCU el sufrido en el Tribunal Superior Electoral (TSE) reabriendo una investigación sobre el presunto financiamiento doloso de la campaña presidencial del Partido de los Trabajadores en 2014. La oposición pide la anulación de los mandatos de Rousseff y su vice, Michel Temer. Acusa a ambos de abuso de poder económico y usar dinero desviado de Petrobras para financiar su propia campaña electoral. A diferencia de un impeachment, en el que en caso de condena de la presidenta asume Temer, si el TSE falla en su contra, ambos tendrían que dejar el cargo. Sería asumido entonces interinamente por el presidente de la Cámara, Cunha. Quienes se oponen al impeachment sostienen que el pronunciamiento del TCU es político, no jurídico. Y que las cuentas del 2014 son del mandato anterior de Rousseff mientras la ley reza que un presidente solo puede ser destituido por actos realizados durante el corriente. Además ven necesario que los hechos vinculen directamente al gobernante con una práctica ilegal dolosa y la voluntad deliberada de cometer delito sería muy difícil de probar. Los actos formales y administrativos del equipo económico no caracterizarían un acto de mala fe ni darían pie a la configuración de un "crimen de responsabilidad". Por otra parte, afirman, que las "pedaleadas" no violan la ley de presupuesto, al no desviar recursos hacia actividades no autorizadas. Y, por último, que Dilma no ha obtenido una ventaja personal de las cuentas del gobierno.
No falta tampoco el peregrino argumento de que las "pedaleadas" son prácticas corrientes. Pero incluso aceptando esta explicación el monto de las mismas ha sido claramente excesivo e inusual. La realidad es que las "pedaleadas" son una violación a la ley de responsabilidad fiscal. Y sí es posible pedir un impeachment sobre la base de delitos cometidos en mandatos anteriores, sobre todo si son consecutivos. Por lo tanto, estas acciones así como los decretos sin apoyo del Legislativo sí deben considerarse delitos de la presidenta. Decir que otros ya hicieron lo mismo no es válido. El gobierno afirmó que había superávit primario cuando en realidad era deficitario. Por si fuera poco, en diciembre, emitió cometiendo una grave irresponsabilidad un gran número de decretos autorizando créditos suplementarios para ministerios, sin autorización del Legislativo. Las "pedaleadas" explican la recesión en que se encuentra el país. Con el equipo responsable de las mismas la presidenta mantenía encuentros diarios. El argumento de que no sabía nada es insostenible.
Las irregularidades son delictivas e indican un "crimen de responsabilidad" que, según la Constitución, es motivo suficiente para remover de su cargo al jefe del Ejecutivo.
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