Opinión

Taxis, clientes y competidores

A tenor de lo que se escucha a través de la emisora de radio de los taxistas, quienes se erigen en portavoces de sus derechos y privilegios, circulan alterados por las opiniones y criterios de las autoridades de defensa de la competencia (ADC).

Cuando las actividades se llevan a cabo de acuerdo con los principios de la libre y leal competencia, todos ganan con los intercambios, pues si no fuera así estos no tendrían lugar. Pero sucede, con demasiada frecuencia, que tales principios no presiden las actividades económicas. En su lugar, como consecuencia de la actividad insidiosa de los grupos de presión, las regula- ciones -ineficientes, sin ninguna duda- tienden a beneficiar a los operadores económicos en perjuicio de sus clientes y de los competidores potenciales. Esto sucede, por ejemplo, en el mercado de las farmacias y, también, en el mercado del denominado "servicio del taxi".

Los primeros efectos de la regulación ineficiente son el establecimiento de barreras de entrada en forma de limitación en el número de las licencias y la fijación de los precios por encima de los correspondientes a los mercados competitivos. La consecuencia de ello es que los clientes pagan más por lo que podrían obtener pagando menos. Esto supone la apropiación de rentas de monopolio por parte de los propietarios de taxis. Mayores precios y beneficios extraordinarios, unido a las dificultades para entrar en el negocio, se traducen en el pago de traspasos elevados -variables según la coyuntura económica- cuyo importe se traslada al cliente incrementando aún más los precios.

El diagnóstico, forzosamente resumido, responde a la realidad. Pero cada vez son más los profesionales que desean un régimen de mayor libertad, con el fin de beneficiarse de sus ventajas competitivas en un marco de mayor competencia. En todo caso, han surgido las primeras burbujas competitivas basadas en la diferenciación y mejora del servicio.

Las ADC tienen la función de garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los clientes y competidores eficientes. En consecuencia, cuando emiten informes sobre el sector del taxi cumplen con su misión. Merecen rechazo, en consecuencia, los ataques a las ADC cuando el objetivo perseguido es la defensa de los privilegios de unos pocos.

Esto no es nuevo. En el año 1776, Adam Smith se refería a los políticos que se oponían a los privilegios de los monopolios con las siguientes palabras: "Ni la honradez más acrisolada, ni el rango más prominente, ni los más grandes servicios a la comunidad podrán protegerlo de las agresiones y los ataques más infames, los insultos a su persona y en ocasiones hasta los verdaderos peligros derivados de la ira insolente de monopolistas furiosos y frustrados". Parecen palabras duras, pero no son irreales. Puedo asegurar y aseguro que continúan siendo válidas.

El análisis del mercado del taxi revela que la competencia resulta restringida por la limitación injustificada del número de licencias, manifiestamente contraria a la libertad de empresa, fijada sobre la base de asegurar la rentabilidad de los incumbentes, excluyendo del negocio incluso a quienes podrían prestar el servicio en mejores condiciones. Tal conducta revela la preferencia por la ineficiencia, algo inaceptable. También se acota la capacidad de auto organización del negocio, imponiendo límites al desarrollo de empresas de autotaxis o al número de taxis por inversor. Las limitaciones se extienden a la posibilidad de tener asalariados y a que los empresarios lleven a cabo más de una actividad, a los horarios y a la libertad de uso de la propiedad, a los privilegios concedidos a los incumbentes frente a potenciales entrantes, a la imposibilidad de aplicar descuentos sobre las tarifas (máximas), por citar algunos ataques a la libertad.

En definitiva, la misión de las ADC sólo merece parabienes. Las críticas de los mandarines del mercado del taxi carecen de justificación, pues el trabajo de las ADC responde a un mandato legal. Lo realmente reprobable es el intento opaco y contrario a la libertad de limitar la competencia en beneficio de unos pocos, y en contra de la mayoría formada por clientes y competidores.

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