Los empresarios, por fin, se desperezan y comienzan a hablar con claridad de las consecuencias que tendría para Cataluña un proceso separatista. Aunque eviten hablar de independencia, por primera vez se une la banca y las cajas de ahorro para advertir de que "una ruptura unilateral del marco vigente" obligaría a las entidades financieras a marcharse de este territorio, lo que encarecería el crédito y pondría en riesgo los depósitos. Hay que tener en cuenta que al frente de la CECA está el presidente de Caixabank, Isidro Fainé, y entre los miembros de la AEB hay bancos como Sabadell o BBVA, que acaba de adquirir CatalunyaCaixa.
Todas las organizaciones patronales coinciden en la necesidad urgente de abrir un diálogo con el Gobierno después de los comicios de la próxima semana y de que éste se desarrolle dentro del marco de la Constitución. Esto es muy importante, porque es la manera de preservar a Cataluña dentro del euro. Esta semana, Bruselas advirtió de que si una región se independiza, quedaría excluida automáticamente de la moneda única. Por tanto, es imprescindible que el diálogo se produzca dentro de la legalidad para evitar una situación de inseguridad jurídica, que provoque una fuga de las inversiones.
El Círculo de Economía de Cataluña, matemáticamente dividido entre partidarios y detractores del aún presidente de la Generalitat, es el único que da un paso adicional al defender la celebración de una consulta, aunque los partidarios del Sí no alcancen la mayoría absoluta, la condición puesta por el propio Mas. Para esta organización empresarial, es sólo necesario que los catalanes den su apoyo "de forma clara" a las formaciones políticas partidarias de la independencia.
Pero incluso si ganaran los partidarios del No a la independencia, los grandes empresarios catalanes aseguran que esto "no podrá interpretarse como que la sociedad es partidaria del statu quo y que no es necesario cambio alguno". "No es así", remarca el texto. Se nota la pluma de familias como los Carulla o los Rhodes, próximas a Mas, en el texto final del comunicado emitido por la organización que dirige Antón Costas.
Las diferencias empresariales, de forma mucho más discreta, también son palpables en Madrid, donde su patronal, presidida por Juan Pablo Lázaro, pide que cualquier acuerdo no se traduzca en una ventaja competitiva o fiscal para Cataluña frente al resto de las autonomías. Un aspecto que no contempla la CEOE que dirige Juan Rosell, de la que Lázaro es uno de sus miembros más influyentes.
Quizá estas diferencias son las que retrasaron las declaraciones conocidas esta semana. El mensaje de las organizaciones empresariales tiene dos destinatarios. Por un lado, Artur Mas y su grupo de independentistas, a los que se pide que no actúen de manera unilateral y rompan el marco legal y, por otro, al Gobierno de la nación para que, después de los comicios de diciembre, abra el melón de la negociación. Hace tiempo que éste debería haberse sentado para redistribuir la financiación autonómica. Las propuestas defendidas las últimas semanas por los ministros Luis de Guindos o José Manuel García Margallo sobre la cesión del IRPF a las autonomías deberían haberse puesto antes sobre la mesa. Una política de gestos y de diálogo podría haber evitado llegar a este proceso.
Sea cual sea el resultado de las urnas, parece que todos coinciden en que la situación es insostenible y habrá que buscar un nuevo encaje a Cataluña en España. La experiencia de Quebec, que llegó a celebrar dos referéndum sobre su pertenencia a Canadá, muestra que estas tensiones producen una salida de inversiones y un deterioro económico, por lo que es aconsejable lograr un acuerdo cuanto antes y evitar así la celebración de una consulta, que incrementaría la incertidumbre y el enfrentamiento entre una sociedad ya muy dividida como la catalana.
Sobre todo, ante el panorama económico que se avecina. El temor a un desplome de la economía china ensombrece el futuro. El gigante asiático está dejando de ser la fábrica del mundo. La sobreproducción se acumula, al igual que la burbuja inmobiliaria o financiera. En estas circunstancias, pensar en un aterrizaje suave es una ingenuidad. Algunos expertos pronostican que sin una devaluación de entre el 20 y el 30 por ciento, Pekín será incapaz de volver a poner en funcionamiento su pesada maquinaria industrial y exportadora. Lo malo es que ello puede provocar una crisis de deuda mundial, porque se vería incapacitada para hacer frente a sus compromisos. Pero eso se lo explico en detalle otra semana.
Tanto el caso de Quebec como el de Escocia, que este fin de semana celebra el primer aniversario de su referéndum, se tradujeron en una mayor autonomía de gestión para sus gobiernos y una representación singular ante algunos organismos internacionales. Habrá que empezar a hacerse a la idea, con tal de evitar males mayores.
