A escasas fechas para el cierre de la legislatura cabe considerar lo hecho en estos últimos cuatro años para, así, aprender de aciertos y errores y buscar una sociedad que progrese y se desarrolle en todos sus aspectos. Limito mi análisis a cuestiones económicas, y seguro que de forma incompleta.
Cuando el actual Gobierno inició su andadura se encontró, nos guste o no aceptarlo, una economía en ruinas. Tal es así que, ya en 2010, diversas instancias internacionales -Obama incluido- obligaron a un ajuste radical que supuso un giro de 180 grados en la política económica de gasto indiscriminado e indecente ("el dinero público no es de nadie") que el Gobierno de Rodríguez Zapatero venía aplicando desde 2004.
Cabe añadir que en la primavera de 2012, con apenas cinco meses en el Gobierno, el presidente Rajoy tuvo que afrontar la disyuntiva de pedir el rescate completo de nuestra economía y la consiguiente intervención internacional de España, que finalmente quedó reducida al rescate de una parte (suele olvidarse esto) de nuestro sistema financiero, que precisamente era la parte intervenida o bajo gestión pública del mismo, cuyo limbo legal deliberado -en época del Gobierno de González- respecto a su condición de público o privado fue precisamente el factor utilizado por los poderes públicos de toda índole o condición. Sí, también los sindicatos y patronales.
El cambio de política económica en general; el retorno a una conciencia de que el déficit y la deuda no son buenos -y no digo que se haya practicado por completo-; el tratar de reducir ambos y conseguirlo, no siempre, al menos respecto de la filosofía o ideología previa anterior; el haber afrontado algunas reformas (laboral y financiera), a mi entender de forma timorata, aunque otros lo consideran posibilista; y, de nuevo, un cierto giro de la política fiscal, menor de lo que se vende pero que, en conjunto, rebaja algo los impuestos son, junto con haber evitado el rescate y la intervención plena de nuestra economía, algunos de los pasos en la buena dirección dados por este Gobierno.
¿Estamos intervenidos?
Para quienes dicen que estamos intervenidos, sepan que si de verdad lo estuviéramos, con situación de nula capacidad de financiación como hoy está Grecia, los organismos internacionales no nos hubieran permitido haber incumplido sistemáticamente en estos cuatro años nuestros objetivos de déficit.
Por cierto, esos mismos son los que denominan "austericidio" o política de recortes a mantener -y hablo de los Presupuestos de 2016, que son los que menor porcentaje de déficit plantean de los últimos cuatro- unos gastos de 50.000 millones de euros por encima de los ingresos previstos para el ejercicio. No.
Pónganlo como quieran, pero más gasto público, mayor presencia de las autoridades, de los políticos en el ámbito de los acuerdos y contratos particulares que realiza cada día la gente, en sus esfuerzos, iniciativas e intelecto es, precisamente, como demuestran los resultados de las políticas entre 2004 y 2011, nefasto para el desarrollo y el progreso. Se pongan como se pongan los más exquisitos.
Para nada digo que este Gobierno haya acertado por completo. Ha hecho las cosas bastante mal, a medias y buscando réditos que dudo sean los previstos. Fuera de la economía, por ejemplo, baste citar la espera a final de legislatura para establecer una medida no sólo acertada, sino lógica en todo Estado de derecho para que las sentencias de un tribunal, en este caso el Constitucional, puedan ser sancionadas y, por tanto, lo sea su incumplimiento. Errores, pues, muchos.
El primero llegó con el tiempo muerto establecido a espera de las elecciones andaluzas, que también contribuyó a estar menos preparado para los acontecimientos de la primavera de 2012. La reforma financiera, imprescindible y exigida, no ha terminado del todo con esos nichos del poder político en algunas entidades, impidiendo redimensionamientos o desapariciones que habrían otorgado mayor eficiencia al sector financiero. Ya se habla de una nueva reforma del mismo.
La del mercado laboral, ha sido en ciertos aspectos una reforma más profunda y eficiente que otras anteriores (52 desde 1980), pero falta de claridad y sencillez de cara a su cumplimiento por los tribunales correspondientes, otorgando dosis de arbitrariedad a los jueces que terminan, sin deber, legislando al respecto (negociación colectiva y otros temas). Llevamos más de 35 años sin resolver este asunto y no por falta de conocimientos, sino por barreras políticas y sindicales. Tampoco este Gobierno ha aprovechado su oportunidad, incluso con la pérdida de facto de consideración social sobre sindicatos y patronales, para dar una solución racional y económica a este problema que nuestra sociedad afronta con tasas de paro y de actividad absurdas.
Y es que, ante una crisis como la que enfrentó este Gobierno, las oportunidades de cambio y reformas eran inmensas y pertinentes. Los grandes errores del Gobierno en estos cuatro años han sido, precisamente, sus omisiones: las muchas reformas no encaradas ni adoptadas. La educación, siempre con la izquierda dando lecciones de fracaso sistemático y profundo, tan relevante para el mercado laboral. Las reformas, liberalizando mercados y sectores, en energía, telecomunicaciones y sistemas de información, agua (unificando mercado y resolviendo su abastecimiento nacional), distribución comercial y comercio en general.
La unificación del mercado económico, resolviendo desmembraciones y diversidades de normativas o legislaciones en muchos aspectos, incluida la sanidad. Y, ante todo, la imprescindible y previa reforma de las Administraciones Públicas en todas sus aristas, pero con un objetivo de reducción del tamaño, presencia y gasto públicos sobre las vidas y bolsillos de los ciudadanos. Eso exige cambios complejos, diversos y profundos, que van más allá de los meros retoques de impuestos.
Entidades
